El Paso, TX.– La reciente declaración del Cónsul General Encargado de Estados Unidos, Robin Busse, encendió el debate a ambos lados de la frontera tras anunciar la aplicación de una multa de 5,000 dólares a toda persona extranjera de 14 años o más que cruce a territorio estadounidense sin ser inspeccionada o admitida legalmente.
“El Gobierno de Estados Unidos aplicará una nueva multa de 5,000 dólares a quienes crucen ilegalmente. La multa aplica a cualquier extranjero de 14 años o más que ingrese sin ser inspeccionado o admitido. Se considera inadmisible a quien incumpla esta norma”, señaló Busse en un comunicado difundido esta semana.
El funcionario advirtió además que la sanción se aplicará sin importar el punto de ingreso, la duración de la estancia o el proceso migratorio en curso, lo que implica que incluso personas que posteriormente busquen asilo o refugio podrían ser sujetas a la penalización.
Busse también aprovechó para lanzar un mensaje directo contra los traficantes de personas, conocidos como polleros, a quienes acusó de “difundir falsas esperanzas” entre migrantes vulnerables.
“Los polleros y sus grupos criminales difunden falsas esperanzas en redes sociales. No se dejen engañar, ni lo intenten”, advirtió el diplomático.
- Reacciones de sorpresa e indignación
La medida generó indignación y desconcierto en organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y líderes comunitarios del área fronteriza, quienes la calificaron como una nueva estrategia punitiva que criminaliza aún más la migración forzada.
“Es una política cruel e ineficaz. Multar con 5 mil dólares a personas que huyen de la violencia o la pobreza no resolverá nada; solo profundiza la desesperación”, expresó Luz María Ortega, directora de la organización Fronteras Unidas por la Dignidad.
Otros señalaron que la sanción exacerba la desigualdad y contradice los principios de asilo y protección humanitaria que Estados Unidos históricamente ha proclamado. “Se pretende castigar la necesidad, no el crimen. Nadie abandona su país por gusto”, declaró el abogado migratorio Fernando Rivera, con sede en El Paso.
- Contexto de una política más dura
La nueva multa se suma a una serie de medidas impulsadas por la administración estadounidense en medio del incremento de cruces irregulares y el colapso de los albergues fronterizos. En los últimos meses, el gobierno ha reforzado operativos en el sur de Texas, desplegado agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y ampliado los procesos de deportación expedita.
Analistas consultados consideran que esta sanción forma parte de un paquete de endurecimiento disuasorio que busca frenar los flujos migratorios mediante la presión económica y la amenaza de consecuencias legales.
Sin embargo, las voces críticas advierten que la medida no aborda las causas estructurales de la migración, como la violencia, la pobreza o los desastres climáticos que obligan a miles de familias a abandonar sus países.
Mientras tanto, en las ciudades fronterizas como El Paso, las reacciones van del enojo a la incertidumbre, especialmente entre las comunidades migrantes que viven en situación irregular. “Esto genera más miedo y desinformación. En lugar de soluciones, se siguen levantando muros, ahora con sanciones económicas”, dijo una voluntaria del albergue Casa Anunciación.
Con la nueva disposición, Estados Unidos busca enviar un mensaje contundente de “cero tolerancia” frente al cruce ilegal. Pero en la frontera, donde la migración es parte de la vida cotidiana, muchos temen que esta medida se convierta en otra barrera más que criminaliza la necesidad y endurece el rostro humanitario del país.
