El Paso, Texas.– El temor que hoy recorre a la comunidad migrante en la frontera volvió a sentirse con fuerza en el extremo este de El Paso. Decenas de residentes acudieron este sábado 17 de enero al Centro Comunitario Socorro Ramírez para participar en una junta pública convocada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), en la que el sheriff del Condado de El Paso, Oscar Ugarte, explicó cómo su dependencia deberá actuar ante la entrada en vigor de la Ley SB 8 del Senado de Texas.
El encuentro se desarrolló en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias a nivel federal, lo que ha generado ansiedad incluso entre familias con años de arraigo en la región. Para muchos asistentes, la reunión representó una oportunidad para despejar dudas y expresar el miedo que hoy domina la vida cotidiana de la comunidad migrante.
- Una ley obligatoria y un margen limitado
Durante su intervención, el sheriff Ugarte dejó claro que la SB 8 es una disposición estatal de cumplimiento obligatorio, por lo que su oficina no tiene la facultad de ignorarla.
“Nos guste o no, es una ley estatal y tenemos que cumplirla. Las manos están atadas”, dijo, al reconocer la preocupación que existe entre los residentes.
La ley exige que los sheriffs de los condados que operan cárceles firmen un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha despertado el temor de que las autoridades locales comiencen a desempeñar funciones propias de la inmigración federal
- No habrá operativos migratorios en las calles
Ante ese escenario, Ugarte insistió en que el Departamento del Alguacil del Condado de El Paso no actuará como agencia migratoria. Explicó que, de las tres opciones que contempla la ley, su oficina eligió la que considera menos perjudicial para la comunidad.
“La opción seleccionada se limita a las cárceles del condado. Si una persona es detenida por un delito local y llega a la cárcel, únicamente se verificará si existe una orden federal de arresto. No habrá investigaciones de estatus migratorio ni patrullajes con fines de inmigración”, puntualizó.
Las otras alternativas —realizar acciones migratorias en la vía pública o investigar el estatus de personas privadas de la libertad— fueron descartadas, aseguró.
- La prioridad seguirá siendo la seguridad local
El sheriff reiteró que el enfoque de su dependencia seguirá centrado en la seguridad pública y en la atención de delitos que afectan directamente a los vecindarios de El Paso.
“No queremos una ruptura con la comunidad. Nuestra misión es servir y seguir atendiendo los crímenes locales”, expresó, al tiempo que reconoció el miedo que hoy enfrentan muchas familias.
- El papel de BNHR: información y derechos
Como organización convocante, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos subrayó la importancia de acercar información clara y accesible a la población. Alan Lizárraga, representante de BNHR, explicó que uno de los objetivos centrales del evento fue recordar a la comunidad que todas las personas cuentan con derechos constitucionales, sin importar su estatus migratorio.
“Es fundamental que la gente sepa cuáles son sus derechos si llega a ser abordada por un agente de inmigración. La información es una herramienta para protegerse y reducir el miedo”, señaló.
Lizárraga destacó que, ante el endurecimiento de las políticas migratorias, el conocimiento de estos derechos puede marcar la diferencia entre una interacción informada y una situación de abuso.
- Retos económicos y operativos
Ugarte también habló de las limita
ciones financieras que enfrenta su oficina para cumplir con la ley. Señaló que el estado de Texas ofrece alrededor de 120 mil dólares cada dos años, una cantidad que consideró insuficiente para cubrir los costos reales de personal, tecnología y equipo necesarios.
“No sabemos aún qué recursos adicionales se van a requerir ni cómo se va a implementar en la práctica”, admitió.
- Voces de la comunidad
Durante la sesión, los residentes expresaron sus inquietudes y compartieron testimonios marcados por la preocupación y la incertidumbre. Aunque algunos asistentes consideraron que las medidas siguen siendo insuficientes para proteger a la comunidad migrante, otros valoraron el diálogo directo como un paso importante.
Patricia de la Cruz, vecina del sector, señaló que escuchar directamente al sheriff fue clave para entender la situación.
“Duele ver a personas trabajadoras viviendo con miedo, pero al menos hoy tuvimos la oportunidad de informarnos y saber cómo cuidarnos”, comentó.
- Un diálogo que busca reducir el miedo
La reunión dejó claro que el temor persiste en la comunidad migrante de El Paso, pero también evidenció la necesidad de espacios donde autoridades y organizaciones civiles puedan dialogar con la población. En tiempos de incertidumbre, la información y la comunicación directa se perfilan como herramientas esenciales para enfrentar el impacto de la Ley SB 8 en la frontera.
