Las Cruces, NM. — La aprobación de la emisión de bonos para el Proyecto Júpiter, un centro de datos de inteligencia artificial con valor estimado en 165 mil millones de dólares, dejó al descubierto una profunda fractura entre autoridades del Condado de Doña Ana y la comunidad fronteriza que asegura no haber sido escuchada.
Con una votación de 4 a 1, los comisionados dieron luz verde al plan financiero que respalda a la empresa Borderplex Digital Assets, pese a semanas de manifestaciones y audiencias públicas dominadas por el rechazo. El recinto estuvo lleno de pancartas, reclamos y gritos de protesta que obligaron en varias ocasiones a interrumpir la sesión.
“Ya tenían la decisión tomada, lo nuestro fue solo trámite”, acusó un residente de Santa Teresa, al señalar que el proyecto representa un riesgo directo para el abasto de agua en la región.
La única voz disidente en la mesa fue la de la comisionada Susana Chaparro, quien argumentó falta de información y defendió la necesidad de dar prioridad a las preocupaciones vecinales. Su voto en contra fue recibido con aplausos de los manifestantes, quienes reconocieron su postura como un gesto de respeto hacia la comunidad.
El concejal de Sunland Park, Alberto Jaramillo, reclamó que la carta enviada por el alcalde Javier Perea —respaldada por el cabildo— fue ignorada por los comisionados. También cuestionó la validez de una encuesta presentada por la empresa, que aseguraba un 83 % de apoyo popular: “Esa encuesta es una farsa. La realidad es que cientos vinieron a oponerse y apenas unos pocos hablaron a favor”, declaró.
En contraste, funcionarios del condado insistieron en que el Proyecto Júpiter podría representar el mayor desarrollo económico en la historia de Doña Ana y de Nuevo México, con la creación de 750 empleos permanentes y miles más en la etapa de construcción. Además, aseguraron que el centro de datos no agravará la crisis de agua porque operará con un sistema de enfriamiento en circuito cerrado.
La representante estatal Micaela Lara Cadena solicitó retrasar la votación al menos 60 días para ampliar la participación ciudadana, pero su petición no fue considerada.
La sesión, que se prolongó por casi siete horas, terminó entre reclamos y la intervención de la policía para desalojar a los manifestantes, esto luego de que decenas de ciudadanos pasaron al podio para expresar sus opiniones. La mayoría cuestionó el proyecto y pocos le dieron su respaldo.
“Así se mira la democracia aquí: se aprueba lo que ya estaba decidido y se ignora la voz del pueblo”, gritaban mientras abandonaban el recinto y eran sacados por los agentes del orden.
Pese a que los comisionados recalcaron que la aprobación de bonos es un paso preliminar y no la autorización final del proyecto, activistas como Daisy Maldonado, de Empower NM**, adelantaron que iniciarán acciones legales: “No hay análisis ambiental ni económico serios. Vamos a pelear en los tribunales lo que no nos dejaron defender en la sala de comisionados”.
Con la votación, el condado abrió la puerta a una inversión sin precedentes, pero al costo de profundizar la desconfianza ciudadana en sus instituciones locales.
