WASHINGTON, D.C.— La modernización de los puertos internacionales de entrada volvió al centro del debate legislativo en Estados Unidos, luego de que el representante por Texas Tony Gonzales y un grupo de congresistas y senadores de ambos partidos presentaran una iniciativa para fortalecer la infraestructura fronteriza y responder al creciente flujo comercial y peatonal entre Estados Unidos y México.
La propuesta, denominada Ley de Fronteras Fuertes, Comunidades Fuertes, plantea crear por primera vez una fuente específica de financiamiento federal destinada a la construcción y modernización de los cruces terrestres, así como de las comunidades que los rodean. El objetivo, de acuerdo con sus promotores, es reducir la congestión, mejorar la seguridad y hacer más eficiente el comercio legal y los viajes cotidianos en la frontera.
“El comercio y la movilidad en la frontera dependen de infraestructura moderna y funcional. No podemos seguir operando con cruces diseñados para otra época”, expresó el congresista Gonzales al destacar que los puertos de entrada son motores económicos nacionales y no solo infraestructura local. Señaló que esta legislación busca atender necesidades reales como carreteras de acceso, puentes, sistemas de agua y servicios públicos que hoy se encuentran rebasados.
Este esfuerzo se suma a otras iniciativas impulsadas por legisladores fronterizos, entre ellas las promovidas por la congresista Verónica Escobar, representante del Distrito 16 de Texas, quien ha mantenido una agenda constante para actualizar los cruces internacionales en la región Paso del Norte. Escobar ha subrayado que la falta de inversión en infraestructura fronteriza impacta directamente en la competitividad económica y en la vida diaria de miles de familias que cruzan la frontera por motivos laborales, educativos o comerciales.
Uno de los proyectos más representativos de esta visión es la modernización del Puente Córdova-Américas (BOTA), donde se contempla una inversión superior a los 600 millones de dólares, gestionada a través de la Administración de Servicios Generales (GSA). La obra busca ampliar y renovar instalaciones para responder a la demanda futura, aunque ha enfrentado resistencia de transportistas y autoridades del lado mexicano debido a los posibles impactos logísticos.
Pese a la oposición, el proyecto continúa en proceso y, conforme al calendario oficial de la GSA, la fase de cierre y construcción está prevista para iniciar a finales de 2027. Tanto Escobar como otros legisladores han defendido que se trata de una intervención necesaria para garantizar cruces más seguros, rápidos y acordes con el volumen de intercambio entre ambas naciones.
Analistas y representantes empresariales coinciden en que este tipo de proyectos tienen un impacto binacional, ya que cualquier cuello de botella en la frontera afecta cadenas de suministro, tiempos de entrega y costos tanto en México como en Estados Unidos. En ese sentido, la iniciativa presentada por Gonzales y sus colegas busca sentar las bases de una política de largo plazo que reconozca la interdependencia económica de la región fronteriza.
Con respaldo bipartidista y el apoyo de organismos comerciales, las propuestas en el Congreso reflejan un consenso creciente: invertir en infraestructura fronteriza no solo mejora la seguridad, sino que fortalece el desarrollo económico y la cooperación entre ambos países.
