- Viajeros y autoridades locales critican la difusión de un video del DHS que culpa a los demócratas por el cierre del gobierno
El Paso, Texas.— Autoridades locales de El Paso se pronunciaron en defensa de la neutralidad política en los espacios públicos federales, luego de que trascendiera la difusión de un video producido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y protagonizado por su titular, Kristi Noem, en el que se responsabiliza a los demócratas del actual cierre de gobierno.
El video fue solicitado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) para ser transmitido en terminales aéreas de todo el país, con el argumento de informar al público sobre posibles afectaciones en los servicios debido a la suspensión de pagos al personal federal. Sin embargo, su tono político ha generado un fuerte rechazo entre autoridades locales y viajeros, al grado de que numerosos aeropuertos —entre ellos los de Nueva York, Chicago, Denver y ahora El Paso— se han negado a proyectarlo por considerar que contraviene la Ley Hatch, que prohíbe la promoción de mensajes partidistas por parte de empleados del gobierno.
El gobierno municipal enfatizó que el Aeropuerto Internacional de El Paso no mostrará el material en ninguna de sus pantallas, al considerar que su contenido vulnera los principios de imparcialidad que deben regir la función pública.
“La ciudad de El Paso no ha mostrado, no está mostrando y no mostrará el vídeo descaradamente partidista de Kristi Noem en pantallas controladas por el aeropuerto”, afirmó el representante Chris Canales. “Para mí, es una clara violación de la Ley Hatch, y espero que haya responsabilidad por esa infracción a su debido tiempo”, añadió.
Aunque la TSA mantiene control sobre las áreas de revisión de seguridad —donde colocó monitores independientes para transmitir el video—, las autoridades locales remarcaron que esa decisión escapa a su jurisdicción. No obstante, insistieron en la importancia de que las agencias federales respeten el marco legal que impide el uso político de recursos públicos y de que se garantice la neutralidad institucional, sobre todo en espacios de tránsito como los aeropuertos.
Entre los pasajeros del aeropuerto también surgieron inconformidades por la reproducción del video.
“Uno viene a viajar, no a escuchar mensajes políticos. Me parece fuera de lugar que usen estos espacios para repartir culpas”, opinó Carla Mendoza, residente de Las Cruces.
“Si el gobierno está cerrado, deberían concentrarse en resolverlo, no en buscar responsables en los pasillos de los aeropuertos”, añadió James Reynolds, quien se dirigía a Dallas.
El caso de El Paso se suma a una discusión más amplia que recorre el país sobre los límites entre la información gubernamental y la propaganda partidista. Varios alcaldes y directores de aeropuertos han solicitado a la Oficina del Asesor Especial (OSC) —encargada de hacer cumplir la Ley Hatch— que revise la pertinencia del video y determine si constituye una violación formal.
Analistas políticos han señalado que la polémica refleja la tensión creciente entre el gobierno federal y las autoridades locales en medio del cierre de gobierno, que comenzó el 1 de octubre tras el fracaso del Congreso para aprobar un nuevo paquete de gasto.
En El Paso, la enlace legislativa Alejandra Gorski informó que, pese al cierre federal, los servicios municipales permanecen estables y las subvenciones previamente asignadas continúan fluyendo.
“Nos preparamos con anticipación para minimizar cualquier impacto local”, dijo Gorski. “Hasta ahora, los servicios al público permanecen ininterrumpidos”.
El director del aeropuerto, Tony Névarez, coincidió en que el impacto operativo ha sido mínimo. “Tenemos empleados muy dedicados aquí en El Paso, pero cuanto más dure el cierre, más difícil será mantener la estabilidad”, advirtió.
El Ayuntamiento de El Paso reiteró su compromiso con la neutralidad institucional y el respeto a la Ley Hatch, norma creada en 1939 precisamente para proteger la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones públicas.
Con esta postura, la ciudad fronteriza se alinea con el movimiento nacional que exige responsabilidad y respeto a la ley en la función pública, reafirmando que los espacios administrados con fondos públicos deben permanecer libres de proselitismo político, aun en tiempos de crisis gubernamental.
