La delgada línea entre la guerra contra la inmigración irregular y la violación de las decisiones judiciales. En este momento, el gobierno está cruzando esa línea tras la deportación a El Salvador de más de 200 personas que, según alega, pertenecen a la banda criminal El Tren de Aragua. Las pruebas (tangibles) sobre la decisión de deportar –sin ninguna ayuda legal– no están claras, pero lo que sí está claro es que la postura de la administración demuestra su intención de someter el poder judicial a su agenda. ¿Se avecina una crisis constitucional? Por ahora, el escenario es inestable: se debilita el sistema judicial mientras el presidente busca consolidar –bajo sus normas– un modelo de gobierno donde el Ejecutivo no rinda cuentas ante la justicia.
¿Persecución política? Donald Trump pidió un impeachment para el juez de distrito James Boasberg, quien ordenó suspender por dos semanas las deportaciones de inmigrantes. Esta es la primera vez –en su segundo mandato– que solicita al Congreso la destitución de un juez. Algo que sí ha hecho en repetidas ocasiones Elon Musk. ¿La respuesta? El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, envió un mensaje al presidente: “el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
- Los desafíos a la justicia se hacen más presente en la nueva administración. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, por ejemplo, dijo que los jueces de distrito no tienen autoridad sobre el presidente en cuestiones de seguridad nacional. Su argumento choca con más de 200 años de jurisprudencia, incluyendo el histórico caso Marbury v. Madison, que estableció que el poder ejecutivo está sujeto a revisión judicial.
- El gobierno invocó la Alien Enemies Act de 1798 para ejecutar sus deportaciones sin un proceso legal. ¿Qué dice la legislación? Es una norma que se usó en el pasado para justificar medidas como la detención de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La administración la está reinterpretando de manera agresiva para expandir el poder presidencial más allá de los límites constitucionales.
- ¿Y el Congreso? Por ahora, un espectador más. El poder legislativo, que debería ser un contrapeso al Ejecutivo, no muestra una acción clara ante este escenario y no solo hablamos de las deportaciones, sino de la violación de la orden de un juez que ya había detenido las expulsiones mientras se evaluaba el caso.
- Pese a que todo esto parece una crisis constitucional, algunos expertos dejan claro que todavía el país está lejos de ese punto pero sí podría entrar en una debacle política. “Aunque Estados Unidos no se encuentra en medio de una crisis constitucional, está atrapado en una era de mano dura constitucional, que consiste en la disposición a aprovechar hasta el último recurso legal o tecnicismo legal para ganar puntos para el partido político”, dijo Sanford Levinson, profesor de derecho de la Universidad de Texas.
El Congreso tendrá la clave en esta lucha de poder: muchos republicanos, según dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer y reafirmó Levinson, han dicho que trabajarán para “defender a los tribunales” y la ley si Donald Trump intenta quebrantarla. Un claro ejemplo de cómo los legisladores podrían llegar al equilibrio y mantener la separación de poderes, un pilar fundamental en democracia.
