Ciudad de México, 2 de octubre – Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encendió la alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que podría reducir la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de las leyes que las afectan directamente.
El pasado 25 de septiembre, la Corte resolvió que ya no invalidará de manera automática las leyes que se aprueben sin consulta previa con este sector de la población. A partir de ahora, serán las propias personas o colectivos quienes deberán señalar en sus impugnaciones si no se llevó a cabo dicho proceso.
Hasta ahora, el tribunal había mantenido una posición firme: cualquier ley relacionada con discapacidad que no hubiera sido consultada con las personas interesadas debía declararse inconstitucional. Ese criterio permitió anular en el pasado legislaciones consideradas discriminatorias o paternalistas, como ocurrió con la Ley de Autismo en Nuevo León, la Ley de Educación de la Ciudad de México o la norma en Chihuahua que permitía la adopción de adultos con discapacidad.
Organizaciones como Human Rights Watch advierten que este nuevo enfoque podría dejar a la consulta en un terreno incierto, dependiendo de que los propios afectados la exijan en los tribunales. “La consulta no es una formalidad, es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señaló Carlos Ríos Espinosa, especialista de HRW.
El caso que detonó el cambio de criterio fue la revisión de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su resolución, la Corte sostuvo que, aunque la consulta es relevante, la validez de las leyes podrá mantenerse si se considera que ofrecen beneficios, aun cuando no haya habido participación previa.
Expertos advierten que este giro puede abrir la puerta a leyes bien intencionadas pero elaboradas sin escuchar directamente a quienes viven con discapacidad, lo que corre el riesgo de reproducir políticas paternalistas.
México es parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a garantizar la inclusión plena de este sector en la toma de decisiones. Para especialistas, preservar este principio no solo es un tema legal, sino una garantía de dignidad, igualdad y democracia.
