El Paso, Texas.— La Corte de Comisionados del Condado de El Paso emitió una contundente resolución en defensa del estado de derecho y los derechos humanos, condenando las redadas migratorias que, bajo un manto de secretismo y violencia, han sembrado el temor en comunidades fronterizas.
La medida, aprobada de manera unánime este lunes, exige a las agencias federales que operan en el condado actuar con transparencia, identificarse adecuadamente y garantizar el debido proceso, luego de múltiples denuncias sobre agentes armados y enmascarados que detienen a personas sin mostrar credenciales ni órdenes judiciales.
“Estamos alzando la voz porque lo que está ocurriendo es inaceptable”, declaró el comisionado David Stout, autor de la resolución. “Las personas están siendo arrestadas en circunstancias opacas, muchas veces tras acudir a sus audiencias en tribunales, sin saber a dónde las llevan ni bajo qué cargos. Esto no puede seguir ocurriendo en una nación de leyes”.
Según la resolución, El Paso se une a otros condados del estado como Hays y Travis, que han emitido posturas similares ante lo que consideran una estrategia de intimidación y discriminación étnica por parte de la administración federal.
El documento también establece que los agentes no deben usar mascarillas ni operar sin distintivos visibles, práctica que ha sido duramente criticada por líderes locales, testigos y defensores de derechos humanos.
Entre quienes apoyaron la medida se encuentra el concejal Joshua Acevedo, quien calificó las recientes operaciones como “un atropello contra el proceso legal”.
“Hemos visto agentes sin rostro, sin identificaciones, actuando fuera de toda norma frente a las cortes. Esto no solo viola los derechos de los migrantes, sino de cualquier ciudadano”, afirmó. “Si no defendemos nuestras leyes, perdemos el alma democrática del país”.
Acevedo criticó además que las operaciones se hayan vuelto “un espectáculo político” contra comunidades vulnerables. “Nuestra gente está siendo utilizada como herramienta de propaganda. Tenemos que ponerle fin a esta injusticia”, sostuvo.
El debate sobre las redadas no es nuevo, pero ha cobrado fuerza luego de que se difundieran videos y testimonios de detenciones irregulares fuera de juzgados y centros comunitarios. Líderes religiosos, abogados y ciudadanos acudieron a la sesión de la corte de comisionados para expresar su respaldo a la resolución y narrar lo vivido.
La diácona Sandra Jones, de la Iglesia Episcopal St. Christopher’s, relató haber presenciado detenciones en pleno tribunal. “Vi cómo se llevaban a personas como si fueran criminales peligrosos, cuando en realidad estaban cumpliendo con la ley. El daño emocional es enorme”.
Por su parte, el comisionado Sergio Coronado lamentó el retroceso en garantías civiles: “Parecería que estamos regresando a una época oscura. Esta resolución es necesaria para frenar el abuso, pero también es un llamado al Congreso y a los tribunales. Ellos tienen la capacidad de detener esta maquinaria deshumanizante”.
A pesar de las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones de sus agentes, argumentando que las mascarillas protegen su identidad frente a posibles represalias. Sin embargo, organizaciones civiles insisten en que esa política contribuye a una cultura de impunidad.
La resolución del condado representa una advertencia clara: El Paso no tolerará prácticas que violen los derechos fundamentales de sus habitantes, independientemente de su estatus migratorio. El mensaje de los líderes locales es firme: se necesita un sistema justo, transparente y humano que respete la dignidad de todas las personas.
