En una sesión marcada por la defensa del bienestar comunitario, el Cabildo de El Paso rechazó de manera unánime la solicitud de aumento tarifario por 93 millones de dólares presentada por El Paso Electric (EPE), calificándola como excesiva e insensible al contexto económico que enfrentan miles de residentes.
La propuesta planteaba un incremento promedio de $22.39 en las facturas mensuales de los usuarios residenciales, lo que representaría un alza del 23% en las tarifas actuales. Aunque la medida aún será evaluada por la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT), el rechazo del gobierno local establece una postura clara y enérgica frente a lo que muchos consideran un intento de trasladar los costos de inversión de la empresa directamente a los consumidores.
“Esta no es una simple cuestión técnica, es una cuestión de justicia económica”, declaró el representante del Distrito 2, Joshua Acevedo, tras la votación. “Hemos escuchado a las familias, a los trabajadores, a los adultos mayores que viven con ingresos fijos. Este aumento sería devastador para ellos. No estamos en contra de la modernización, pero debe hacerse de forma equitativa y transparente”, agregó.
Acevedo también lanzó críticas al proceso regulatorio estatal, al señalar que la decisión final quedará en manos de un organismo designado políticamente. “Tememos que la PUCT actúe más en función de intereses políticos que del bienestar público”, dijo.
Desde la perspectiva de El Paso Electric, el alza solicitada se justifica por el acelerado aumento en la demanda de energía, así como por los altos costos de operación y actualización de infraestructura. “Estamos enfrentando fenómenos climáticos extremos, infraestructura obsoleta y un crecimiento no anticipado. Esta solicitud busca garantizar un servicio seguro para toda la región”, explicó Daniel Pérez, vocero de EPE.
Pero la ciudadanía no parece convencida. Rosa Estrada, residente del sur de El Paso, señaló que ya batalla para cubrir su recibo actual. “Un aumento de más de veinte dólares al mes me rompe el presupuesto. Ellos no viven con salario mínimo”, dijo visiblemente molesta.
En tanto, Carlos Medina, trabajador de la construcción y padre de familia, pidió a la empresa buscar otras vías de financiamiento antes de imponer más cargas al consumidor. “Tienen ganancias millonarias, que las reinviertan. No se vale que siempre seamos nosotros los que pagamos los platos rotos”.
El gobierno municipal anticipó que continuará participando activamente en los procesos estatales y en otros casos abiertos relacionados con la compañía, como los proyectos solares y programas de eficiencia energética.
Mientras tanto, la comunidad sigue atenta. La desconfianza hacia las grandes empresas y los entes reguladores crece, y la exigencia es clara: un sistema eléctrico moderno, sí, pero sin abandonar a quienes más necesitan protección.
