Cuando su marido fue detenido por la policía de inmigración, a principios de julio, cerca de Los Ángeles, Martha debió separarse abruptamente del padre de sus dos hijas. Pero también perdió el ingreso que le permitía mantener su hogar.
“Él es el pilar de la familia, (…) era el único que trabajaba”, dice esta mujer mexicana indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. “Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas”.
A los 39 años, Martha se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan por evitar terminar en las calles del condado de Los Ángeles, una región con precios de vivienda prohibitivamente altos, que tiene el mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos después de Nueva York.
Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta 2,050 dólares (38,660 pesos) al mes.
Para cubrir sus necesidades más urgentes, encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Le da como para mantenerse a flote, pero no para cubrir todas sus obligaciones.
“Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas”, enumera, señalando a sus hijas de seis y siete años, que necesitan útiles para el nuevo año escolar. “Son muchos gastos”.
