Washington— El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Comercio que cambie la forma en que la Oficina del Censo de Estados Unidos recopila datos, buscando excluir a los inmigrantes que están en el país sin autorización, informó el jueves.
Las recopilaciones de datos del censo se basarán en “hechos y cifras reales y, lo que es más importante, utilizarán los resultados e información obtenida de la elección presidencial de 2024”, declaró el presidente republicano en su red social, lo que indica que podría intentar incorporar su política en un conteo que determina el poder político y la forma en que se distribuyen los fondos federales.
Trump enfatizó que, como parte de los cambios, las personas que están “ilegalmente en nuestro país” serán excluidas de los conteos del censo.
“No puede ordenar unilateralmente un nuevo censo. El censo está regido por la ley, sin mencionar la Constitución”, dijo Lowenthal. “Logísticamente, es una idea mal concebida”.
Desde el punto de vista logístico, sería casi imposible llevar a cabo un censo a mitad de la década en un tiempo tan corto, señaló Jeffrey Wice, catedrático de la Escuela de Derecho de Nueva York.
“No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana”, dijo Wice, experto en censo y redistribución de distritos. “Reunir todas las piezas sería un desafío tremendo, si no imposible”.
La publicación de Trump en Truth Social se enmarca en un patrón general en el que intenta remodelar a su gusto las medidas básicas de cómo funciona la sociedad estadounidense, un proceso que abarca desde las cifras mensuales de empleo hasta cómo se trazan los distritos electorales de cara a las elecciones intermedias de 2026. Sin embargo, podría haber impugnaciones legales si intentara remodelar el censo, que también guía la distribución de 2.8 billones de dólares en fondos federales a los estados para carreteras, atención médica y otros programas.
Pregunta de ciudadanía en el censo
En una decisión tomada en 2019, la Corte Suprema impidió que Trump agregara una pregunta sobre ciudadanía al Censo de 2020. La Decimocuarta Enmienda establece que “el número total de personas en cada estado” debe contarse para obtener la cifra utilizada para la redistribución, el proceso de asignación de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados con base en la población.
La última vez que el censo incluyó una pregunta sobre ciudadanía fue en 1950, y los propios expertos de la Oficina del Censo pronosticaron que no se contaría a millones de hispanos e inmigrantes si se preguntara a todos si son ciudadanos estadounidenses.
Los cambios en el censo también podrían influir en los esfuerzos de Trump para instar a varios estados liderados por republicanos, como Texas, a redibujar sus mapas electorales antes de lo previsto, de formas que favorecerían a los candidatos de su partido.
Esfuerzos de redistritación
La redistribución de distritos suele ocurrir una vez cada 10 años después del censo, ya que los estados ajustan los límites de los distritos con base en los cambios de población, a menudo ganando o perdiendo escaños en el proceso.
A pesar de que Texas redibujó sus mapas hace sólo unos años, Trump presiona a los republicanos del estado para que repitan el proceso, afirmando que tienen “derecho” a cinco escaños republicanos adicionales. Los republicanos de Texas mencionan el crecimiento de la población como justificación para redibujar el mapa electoral. El estado tiene actualmente 38 escaños en la Cámara, 25 de ellos ocupados por republicanos.
El equipo de Trump también participa en discusiones similares sobre redistribución de distritos en otros estados controlados por republicanos, como Missouri e Indiana.
El viernes pasado, el mandatario despidió a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, después de que las revisiones estándar al informe mensual de empleos mostraran que los empleadores agregaron 258,000 empleos menos de lo que se informó previamente en mayo y junio. Las revisiones sugieren que la contratación se ha debilitado severamente durante el mandato de Trump, socavando sus afirmaciones de un auge económico.
La Casa Blanca insiste en que el problema fue la magnitud de las revisiones y que quiere números precisos. Pero expertos externos no estuvieron de acuerdo con esa evaluación.
“Básicamente, Trump está destruyendo el sistema estadístico federal”, dijo Margo Anderson, profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee que ha escrito ampliamente sobre la historia del censo. “Quiere números que respalden sus logros políticos, tal como él los ve”.
Después de que la Corte Suprema eliminara la pregunta de ciudadanía en 2019, Trump hizo otro esfuerzo en 2020, anunciando un plan para excluir de las cifras de redistribución a las personas que viven en el país sin autorización.
Tras las demandas presentadas por estados, ciudades y organizaciones, los tribunales inferiores dictaminaron que el plan era ilegal. Para cuando la Corte Suprema intervino, Trump había perdido la reelección. Los jueces eludieron una decisión sobre la legalidad del plan de Trump, desestimando el caso por motivos técnicos de procedimiento.
La Corte dijo, en una opinión no firmada que sólo representaba a la mayoría conservadora de seis jueces, que “no expresamos ninguna opinión sobre los méritos de las reclamaciones constitucionales y legales relacionadas que se presentaron. Sólo sostenemos que no son adecuadas para adjudicación en este momento”.
Los tres jueces liberales disintieron, diciendo que el esfuerzo por excluir del conteo de población a las personas que están en el país para la redistribución de escaños en la Cámara es ilegal.
“Creo que esta Corte debería decirlo”, escribió el juez Stephen Breyer, acompañado por las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
