Washington, D.C. — Tras el incumplimiento por parte de la administración Trump-Vance de las órdenes del juez de distrito John McConnell Jr. para liberar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre, y una apelación de último minuto y una solicitud de suspensión por parte del gobierno, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito decidió esta noche, de manera preliminar, no suspender la entrega de la asistencia alimentaria, a pesar de la solicitud de la administración. Este caso fue presentado por ciudades, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y un minorista, debido a que la administración intentó congelar ilegalmente la asistencia alimentaria durante un cierre del gobierno que ellos mismos orquestaron, dejando sin apoyo esencial a 42 millones de personas en Estados Unidos.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island ha ordenado en dos ocasiones a la administración que entregue los pagos del SNAP con prontitud, y más recientemente, que realice los pagos completos de noviembre, incluso utilizando fondos de contingencia. Esta noche, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud del gobierno de una suspensión administrativa. Aun con esta decisión, el gobierno presentó esta noche una solicitud de suspensión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de las 9:30 p. m. (hora del este).
“La administración Trump-Vance continúa intentando, una y otra vez, privar de alimentos a familias, personas mayores, trabajadores y niños. Y cada vez que lo intentaron, los tribunales les dejaron claro lo que la ley ya establece: no pueden”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Las familias estadounidenses no deben ser utilizadas como moneda de cambio política en un cierre del gobierno orquestado por esta Casa Blanca. Incluso mientras la administración intenta, nuevamente, mediante una apelación ante la Corte Suprema, privar a la población de alimentos, continuaremos enfrentándonos a ellos con acciones legales efectivas y garantizando beneficios para el pueblo estadounidense”.
Democracy Forward y el Comité de Abogados de Rhode Island representan una amplia coalición que ha luchado por esta medida cautelar urgente en el caso Rhode Island State Council of Churches v. Rollins, incluyendo municipios como la ciudad de Albuquerque, Nuevo México; Ciudad de Baltimore, Maryland; Ciudad de Central Falls, Rhode Island; Ciudad de Columbus, Ohio; Ciudad de Durham, Carolina del Norte; Ciudad de New Haven, Connecticut; Ciudad de Pawtucket, Rhode Island; Ciudad de Providence, Rhode Island; organizaciones benéficas y religiosas sin fines de lucro: Consejo Estatal de Iglesias de Rhode Island; Amos House; Programa de Acción Comunitaria de East Bay; Asociación Federal Hill House; Centro Comunitario Dr. Martin Luther King, Jr.; El Proyecto Milagros; el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (NCN); Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG); United Way de Rhode Island; organizaciones empresariales y sindicales: Main Street Alliance; Black Sheep Market en Greenville, Carolina del Sur; y Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
