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La iniciativa del Gobierno de Donald Trump por investigar a Renee Good y a personas de su entorno, y no al agente de ICE que le disparó en Minneapolis, está causando estragos en la oficina del fiscal federal en Minnesota, que encabeza la investigación.

Al menos media docena de fiscales federales en Minnesota renunciaron en medio de crecientes tensiones entre autoridades estatales y federales tras el tiroteo ocurrido el miércoles, informó a CNN una fuente familiarizada con el caso. La administración de Trump declaró rápidamente que el agente, Jonathan Ross, actuó de manera adecuada y sostuvo que la responsabilidad del tiroteo fatal recaía en Good y en quienes la rodeaban.

“No existe actualmente ningún fundamento para una investigación penal por violaciones a los derechos civiles”, dijo el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche en un comunicado enviado a CNN el martes, en la señal más clara hasta ahora de que los investigadores federales no están indagando la conducta del agente de ICE, al tiempo que se bloquea a las autoridades locales para que utilicen su jurisdicción y puedan investigar el tiroteo.

Entre los fiscales de Minnesota que renunciaron se encuentra Joseph Thompson, segundo al mando en la oficina del fiscal federal, según dijeron a CNN dos fuentes con conocimiento del caso. También dimitió Harry Jacobs, un fiscal de alto rango que, junto con Thompson, lideraba desde hace años los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir el fraude en servicios sociales en Minnesota.

Joseph Thompson habla durante una conferencia de prensa en el tribunal federal de Minneapolis el 7 de junio de 2024.

Los fiscales federales de Minneapolis llegaron inicialmente a un acuerdo con los fiscales locales y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota para investigar conjuntamente el tiroteo, un acuerdo rutinario que suele seguirse en los incidentes de tiroteos en los que están involucrados agentes federales. Las autoridades de Minnesota dijeron que posteriormente el FBI les informó de que la fiscalía federal había ordenado a los agentes federales que llevaran a cabo la investigación por su cuenta, sin la participación de las autoridades locales.

Esa decisión provino de Washington, según la fuente. Al mismo tiempo, abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia fueron informados de que no colaborarían en la investigación del tiroteo, dijo a CNN otra persona familiarizada con el proceso.

En el pasado, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia solía abrir investigaciones sobre tiroteos relacionados con fuerzas del orden, posibles casos de brutalidad policial o presuntos crímenes de odio, con el fin de determinar si los agentes violaron los derechos de una víctima, incluso cuando esas pesquisas no derivaban en cargos. Alejarse de esa práctica es altamente inusual.