- Fallo afirma la libertad religiosa e impide que el DHS persiga a comunidades
Boston, Massachusetts — El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts emitió hoy una orden en el caso Sínodo de Nueva Inglaterra, Iglesia Evangélica Luterana en América, et al. contra el Departamento de Seguridad Nacional, et al., bloqueando la política de la administración Trump-Vance que busca otorgar al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y a sus agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), plena libertad para realizar redadas y acciones de cumplimiento de la ley en los lugares de culto y sus alrededores. Los demandantes en este caso están representados por Democracy Forward, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y Gilbert LLP. Esta es la segunda orden judicial que impide al ICE realizar redadas en lugares de culto obtenida por Democracy Forward.
Durante más de tres décadas, el gobierno federal respetó la función especial y sagrada de los lugares de culto al restringir la aplicación de las leyes migratorias en estos “lugares sensibles”, reconociendo que realizar redadas, arrestos y vigilancia en dichos lugares podría negar a las personas de fe el acceso a sus lugares de culto y violar los derechos de libertad religiosa. El fallo de hoy restablece las salvaguardias esenciales y protege el derecho al ejercicio religioso en los lugares de culto y otros sitios de educación y ministerio religioso.
Los demandantes incluyen el Sínodo de Nueva Inglaterra, Iglesia Evangélica Luterana en América; el Sínodo del Gran Milwaukee, Iglesia Evangélica Luterana en América; el Sínodo del Suroeste de California, Iglesia Evangélica Luterana en América; el Sínodo del Suroeste de Texas, Iglesia Evangélica Luterana en América; el Sínodo Sierra Pacífico, Iglesia Evangélica Luterana en América; la Reunión de Amigos de San Francisco de la Sociedad Religiosa de los Amigos; la Reunión Anual del Pacífico de la Sociedad Religiosa de los Amigos; la Reunión Anual del Pacífico Norte de la Sociedad Religiosa de los Amigos; las Iglesias Bautistas Americanas de EE. UU.; la Alianza de Bautistas; y las Iglesias Comunitarias Metropolitanas, quienes emitieron la siguiente declaración conjunta:
“Como personas de fe, nuestros espacios sagrados deben seguir siendo lugares de seguridad, refugio y culto. Durante décadas, nuestras congregaciones han abierto sus puertas a todos, independientemente de su estatus migratorio, y han llevado a cabo ministerios basados en la dignidad, la compasión y la comunidad. El fallo de hoy afirma un principio simple pero profundo: la libertad religiosa pertenece a todos. Agradecemos que el tribunal haya reconocido esa verdad y protegido los derechos de nuestras comunidades”.
“Este es el segundo tribunal federal que confirma lo que sabemos desde hace tiempo: el intento de la administración Trump-Vance de convertir los lugares sagrados de culto en lugares de temor para las comunidades inmigrantes es ilegal”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. La libertad religiosa y la libertad de culto para todas las personas es un valor democrático fundamental. Durante más de 30 años, el gobierno federal ha respetado el papel especial de los lugares de culto. Esta orden judicial reafirma que los espacios sagrados no son escenario del miedo y la intimidación. La política de miedo y terror de la administración Trump-Vance no se trata de aplicar las leyes migratorias, sino de erosionar los derechos fundamentales de las personas y los valores fundamentales de nuestra democracia. Agradecemos a nuestros valientes clientes y nos complace que la orden judicial les permita celebrar servicios religiosos libres de miedo e intimidación.
“La libertad de religión es la primera libertad en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, declaró Joanne Lin, directora ejecutiva del Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos. “La orden judicial deja claro que la aplicación rutinaria de las leyes migratorias no puede justificar el daño a la libertad religiosa que representa la nueva política [del DHS]”. Nos enorgullece apoyar a nuestros clientes, quienes se dedican a reunirse en comunidad para celebrar su culto en libertad”.
Desafortunadamente, las acciones del DHS han generado temor en nuestros clientes (y en otras personas en lugares sensibles de todo el país) de practicar su religión en comunidad. Nos complace que el Tribunal haya emitido una orden judicial preliminar con respecto a los demandantes en este litigio, reconociendo los daños causados por esta política. Esto representa un primer paso hacia la justicia y ayudará a garantizar que nuestros clientes puedan practicar su religión libremente sin este temor. Esperamos con interés la resolución final de este caso”, declaró Sonia Murphy, socia de litigios de Gilbert LLP.
El equipo legal de Democracy Forward en este caso incluye a Kevin Friedl, Sarah Goetz, Andrew Bookbinder, Sterling Moore, Mark Samburg, Audrey Wiggins y Ayesha Khan.
