El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, aportó dramatismo el viernes al subir al estrado del tribunal para declarar, por fin, que los aranceles del presidente Donald Trump son ilegales.

Durante 10 apasionantes minutos, expuso metódicamente los argumentos contra la emblemática iniciativa económica de Trump, que ha generado miles de millones de dólares para el tesoro nacional, pero que ha sacudido los mercados mundiales y ha afectado duramente a los consumidores estadounidenses.

El presidente del Tribunal Supremo, quien ya lleva 21 años en el cargo, se aferró a sus defensores de la ley. Enfatizó los límites del asunto en cuestión, sin mencionar los reembolsos. Y demostró serenidad, un contraste con la escena en la Casa Blanca más tarde ese mismo día, cuando Trump denunció a los jueces en términos mordaces y muy personales.

La voz de Roberts fue firme y sus palabras mesuradas, como para minimizar este choque descomunal entre el poder judicial y el ejecutivo. (Enfatizó que los jueces también habían rechazado importantes iniciativas del entonces presidente Joe Biden).

“No reclamamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, explicó Roberts en su opinión escrita de 21 páginas. “Solo reclamamos, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de esa función, sostenemos que (la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o IEEPA) no autoriza al Presidente a imponer aranceles”.