La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, inhabilitó a las empresas Proveedora Integral de Empresas, S.A. de C.V., y Centro de Estudios Prital, S.C., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
En el caso de Proveedora Integral de Empresas se le impuso una multa de 745 mil 705 pesos y una inhabilitación por un año con 3 meses, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio número LA-50GYR988-E13-2022, para la contratación del “Servicio Médico Integral para centros de excelencia oftalmológica”; consistente en un oficio supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se indica que el Microscopio especular Tomey no requiere registro sanitario. La notificación de la sanción fue realizada el 13 de febrero de 2026.
Respecto a la empresa Centro de Estudios Prital se le impuso una multa de 160 mil 797 pesos y una inhabilitación por un año, porque proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional número LA-50-GYR-050GYR016-N-30-2023 para la contratación plurianual del “Servicio de 09 Guarderías en el esquema vecinal comunitario único”; consistente en una constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, supuestamente emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La notificación de la sanción se realizó el 23 de febrero de este año.
Las sanciones aparecen publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, las referidas empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias.
