La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel deriva de una carpeta de investigación iniciada de una investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la República tras el aseguramiento de millones de litros de combustible y forma parte de las acciones emprendidas para combatir el contrabando de hidrocarburos. No obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada.
Corresponderá a la autoridad judicial, con pleno respeto al debido proceso, determinar las responsabilidades que correspondan. Quienes pretendan presentar esta investigación como una persecución política lo que buscan es desviar la atención de los hechos que se investigan.
La reacción del PRIAN y sus aliados vuelve a evidenciar su doble moral. Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política. Sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo en la empresa investigada, han optado por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista. En Morena sostenemos un principio muy claro: no hay impunidad para nadie.
Resulta paradójico que quienes gobernaron durante décadas mientras crecían el robo y el contrabando de combustibles hoy pretendan presentarse como víctimas. El huachicol y el llamado huachicol fiscal se expandieron al amparo de redes de corrupción, controles debilitados y complicidades institucionales construidas durante los gobiernos del PRIAN. Precisamente por ello, los gobiernos de la Cuarta Transformación emprendieron una estrategia para combatir estas estructuras y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, sin importar su partido político.
De acuerdo con los resultados presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de las investigaciones pertinentes, el entramado encabezado por el exgobernador panista Ruffo Appel es la más grande red de contrabando de combustible, la cual generó un perjuicio a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos.
La transformación del Poder Judicial responde a una exigencia ciudadana de acabar con los privilegios, las cuotas y la impunidad que durante años beneficiaron a las élites. La diferencia entre dos proyectos de país es clara: mientras antes la justicia se utilizaba para proteger intereses políticos y económicos, hoy sostenemos un principio irrenunciable: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Hacemos un llamado al PRIAN y sus partidos aliados a actuar con responsabilidad y congruencia. Si realmente creen en el Estado de derecho, deben permitir que las investigaciones sigan su curso y dejar de convertir cada proceso judicial contra uno de sus dirigentes en una supuesta persecución política.
En Morena seguiremos defendiendo la verdad, la justicia y un país donde las instituciones estén al servicio del pueblo y no de unos cuantos.
