En los últimos días, diversos actores políticos y mediáticos han construido una falsa narrativa alrededor de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Pretenden presentar una ampliación de derechos como si se tratara de un intento de censura.
Cada vez que la Cuarta Transformación impulsa medidas para democratizar el poder y colocar los derechos del pueblo por encima de los privilegios de unos cuantos, aparecen quienes buscan sembrar miedo y desinformación para conservar un modelo que les permitió controlar la información.
En Morena rechazamos categóricamente esa narrativa. Estos lineamientos no buscan silenciar voces, buscan garantizar el derecho del pueblo a estar informado.
Durante el periodo neoliberal no sólo se privatizaron empresas públicas, también se privatizó la conversación pública. La información dejó de entenderse como un bien indispensable para la democracia y comenzó a utilizarse para proteger intereses particulares. Se normalizaron la propaganda disfrazada de noticia, los contenidos pagados sin identificación, la información falsa o sesgada y la manipulación de los hechos.
Ese modelo produjo desánimo y despolitización. Se repitió que nada podía cambiar y que todos eran iguales. Se buscaba convertir al pueblo en un espectador resignado mientras unos cuantos tomaban las decisiones en su nombre.
Una de las luchas fundamentales de la Cuarta Transformación ha sido romper con esa lógica. Repolitizar la vida pública significa que el pueblo conozca, cuestione, participe y decida sobre el presente y el futuro de la nación.
Por eso defendemos plenamente la libertad de expresión. Pero la derecha omite deliberadamente un principio igualmente importante: la libertad de expresión protege a quienes comunican; los derechos de las audiencias protegen al pueblo de México.
Ésa es la diferencia entre dos proyectos de país. Mientras el neoliberalismo defendió los intereses de quienes concentraban el poder económico y mediático, la Cuarta Transformación sostiene que la democracia también exige proteger el derecho de las y los mexicanos a recibir información plural, transparente, oportuna y veraz.
No se trata de imponer una verdad oficial. Se trata de impedir que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodística.
Por eso resulta hipócrita que quienes hoy denuncian una supuesta censura guardaran silencio frente a prácticas que sí lesionaban el derecho de la sociedad a estar informada. En 2017, mediante una contrarreforma impulsada por el Partido Acción Nacional y respaldada por las fuerzas del antiguo régimen, se debilitaron los derechos de las audiencias. Por fortuna, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó aquel decreto.
Los lineamientos que hoy se encuentran en consulta pública no crean mecanismos de censura. Al contrario, desarrollan derechos ya reconocidos por la Constitución y la ley para que las audiencias distingan entre información y opinión, entre publicidad y contenido editorial; ejerzan el derecho de réplica; cuenten con defensorías de las audiencias y garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad.
No se regula lo que los medios puedan opinar o pensar. Se establecen responsabilidades para proteger el derecho del pueblo a recibir información. La autoridad no revisará previamente las transmisiones. El procedimiento sólo puede iniciarse después de la difusión de un contenido y a partir de una queja concreta.
También celebramos que esta propuesta se encuentre abierta a consulta pública. Audiencias, concesionarios, radios comunitarias, academia, organizaciones civiles y ciudadanía pueden participar con sus observaciones antes de la emisión de los lineamientos definitivos. La consulta pública demuestra que no existe una imposición. Quien pretende censurar no consulta al pueblo ni abre las normas al escrutinio social.
Lo que realmente les incomoda no es la censura; es que el pueblo participe, opine y decida. Durante décadas se acostumbraron a decidir en lo oscurito. Hoy las cosas son distintas. La democracia no consiste solamente en votar. También significa informar, deliberar, escuchar, consultar y reconocer al pueblo como protagonista de la vida pública.
La verdadera discusión es si la democracia debe proteger únicamente a quienes tienen el poder de comunicar o también a millones de mexicanas y mexicanos que tienen derecho a recibir información y participar en la conversación pública. Defender los derechos de las audiencias es defender la libertad y reconocer la dignidad del pueblo.
La información no pertenece a los poderes económicos ni a las élites mediáticas, pertenece al pueblo de México. Porque sólo un pueblo informado puede ejercer plenamente su libertad, defender su soberanía y decidir su propio destino. No permitiremos que la mentira, la manipulación y la desinformación vuelvan a envenenar la discusión pública para que unos pocos preserven sus privilegios.
La Transformación no dará un paso atrás. Ésa ha sido siempre la esencia de nuestro movimiento: ampliar derechos, devolver el poder al pueblo y construir una democracia donde la libertad de expresión y los derechos de las audiencias no se contrapongan, sino que se fortalezcan mutuamente. Morena seguirá defendiendo una convicción irrenunciable: en una verdadera democracia, la información es un derecho del pueblo, y el pueblo tiene derecho a la verdad.
