- Ordenan aprehensión contra César Jáuregui y Guillermo Zuany; el exfiscal habría sido detenido en Chihuahua
- Un juez penal libró los mandamientos de captura por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades. La resolución se produce en medio de la confrontación entre el exfiscal y la gobernadora Maru Campos por el operativo de El Pinal y la participación de agentes estadounidenses vinculados con la CIA.
CHIHUAHUA, Chih.– El Poder Judicial del Estado de Chihuahua libró órdenes de aprehensión contra el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno y el exfuncionario Guillermo Arturo Zuany Portillo, dentro de la causa penal 3055/2026, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
El mandamiento judicial, contenido en el oficio número 53095/2026 y fechado el 16 de octubre, establece que se proceda a la captura de ambos señalados, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara los antecedentes de investigación y solicitara las órdenes correspondientes.
De acuerdo con el documento, el juez de Primera Instancia en Materia Penal, Luis Alberto Simental Ortega, autorizó la aprehensión de Jáuregui por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que a Zuany Portillo también se le atribuye falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
La resolución distingue las conductas que se atribuyen a cada uno y precisa que los mandamientos fueron emitidos en perjuicio del servicio público. .
La emisión de las órdenes se conoció este sábado, después de que medios locales reportaran la detención de Jáuregui sobre la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con esas versiones, elementos estatales lo interceptaron cuando circulaba en su vehículo.
La ejecución de la orden fue reportada por medios locales, aunque las circunstancias de la captura y la situación jurídica de los involucrados deberán precisarse mediante información oficial. .
El Pinal detonó la confrontación
La orden de aprehensión se conoce en medio de la crisis política y judicial que enfrenta el Gobierno de Chihuahua por el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado y desmantelado un presunto laboratorio de drogas sintéticas.
El caso escaló después de que dos agentes estadounidenses identificados en reportes periodísticos como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieran en un accidente automovilístico, junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cuando regresaban de las acciones relacionadas con el operativo.
La presencia de personal estadounidense en territorio chihuahuense generó cuestionamientos sobre la autorización de esas actividades, los mecanismos de coordinación y el conocimiento que tenían las autoridades estatales y federales.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván acusó públicamente a Jáuregui de haber actuado sin informarle sobre el operativo. Según su versión, lo ocurrido evidenció fallas en la comunicación institucional y posibles irregularidades dentro de la Fiscalía estatal.
El señalamiento abrió un enfrentamiento público entre ambos personajes, luego de que el exfiscal defendiera su actuación y manifestara que estaba dispuesto a enfrentar las investigaciones.
Jáuregui renunció a la Fiscalía General del Estado el 27 de abril, tras la controversia generada por la participación de los agentes extranjeros y las interrogantes sobre la coordinación de las corporaciones.
Las contradicciones bajo investigación
Uno de los principales puntos por esclarecer es quién conocía la participación de los agentes estadounidenses, qué autorizaciones existían y por qué el Gobierno federal sostuvo que no había sido informado oportunamente.
Mientras Campos ha afirmado que el exfiscal actuó sin su conocimiento, las investigaciones deberán establecer la cadena de decisiones y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La existencia de una orden de aprehensión representa una determinación judicial dentro de un procedimiento penal, pero no constituye una sentencia condenatoria. Corresponderá a las autoridades presentar los datos que sustenten las imputaciones y a los tribunales resolver conforme al debido proceso.
Torre Centinela, otro foco de cuestionamientos
El escándalo también ha reavivado las preguntas sobre la estrategia de seguridad del Gobierno estatal, la cooperación con agencias estadounidenses y el funcionamiento de la Torre Centinela, el complejo tecnológico de seguridad impulsado por la administración de Campos en Ciudad Juárez.
En medio de la controversia han surgido señalamientos sobre la posible asignación de espacios dentro de ese complejo a personal estadounidense. Sin embargo, cualquier afirmación sobre la entrega de un piso a agentes extranjeros requiere confirmación documental, mediante convenios, contratos o información oficial que permita establecer los alcances de esa cooperación.
Por ahora, no debe darse por acreditada una relación directa entre esos señalamientos y los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión.
Un conflicto con repercusiones políticas rumbo a 2027
La crisis se desarrolla, además, cuando Jáuregui figura entre los perfiles panistas que buscan contender por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027.
La confrontación con la gobernadora ha adquirido una dimensión política adicional por el momento en que ocurre y por las aspiraciones públicas del exfiscal. No obstante, no existe evidencia suficiente para afirmar que las órdenes de aprehensión tengan como propósito frenar su eventual candidatura.
La detención reportada y el contenido del mandamiento judicial colocan ahora el caso en una nueva etapa, en la que deberán esclarecerse tanto las conductas presuntamente delictivas como las decisiones que permitieron la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal.
La investigación también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones estatales y federales para explicar las contradicciones surgidas desde abril y determinar responsabilidades sin convertir las acusaciones políticas en sustituto de las pruebas judiciales.
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