- La gobernadora panista reveló detalles de una reunión privada en Ciudad Juárez; la presidenta confirmó los reclamos y cuestionó que se pretenda responsabilizar exclusivamente al exfiscal César Jáuregui por el ingreso de agentes de la CIA.
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.– La crisis política que enfrenta la gobernadora María Eugenia Campos Galván escaló al terreno público luego de que decidiera revelar los detalles de la conversación privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez, convirtiendo un encuentro reservado en un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno de Chihuahua y la administración federal.
A más de un mes de aquella reunión, celebrada el 19 de septiembre en el aeropuerto internacional Abraham González, la mandataria estatal rompió el silencio y describió el intercambio como una conversación “muy tensa y llena de reproches”, en la que ambas elevaron la voz durante una discusión relacionada con el escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico en territorio chihuahuense.
La revelación colocó nuevamente a Chihuahua en el centro de una disputa política que rebasa las diferencias partidistas y alcanza asuntos delicados de seguridad nacional, soberanía, responsabilidades institucionales y posibles violaciones a la legislación mexicana.
El momento elegido para hacer públicas las diferencias tampoco pasó inadvertido: ocurrió mientras la gobernadora enfrenta las repercusiones políticas y judiciales del caso que involucra a su exfiscal general, César Jáuregui Moreno, detenido por acusaciones relacionadas con la entrada de agentes extranjeros y otros presuntos delitos.
La decisión de exponer una conversación que hasta ahora se había mantenido en privado obligó a Sheinbaum a reconstruir públicamente su versión de los hechos y precisar qué le dijo la gobernadora durante aquel encuentro.
- De la conversación privada al enfrentamiento público
La reunión tuvo lugar durante la visita presidencial a Ciudad Juárez, donde Sheinbaum encabezó un encuentro con habitantes para presentar los resultados y las acciones de su segundo año de gobierno.
En aquella ocasión, ambas funcionarias habían reconocido que hablaron sobre seguridad y la necesidad de mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, la descripción posterior de Campos reveló una confrontación mucho más áspera de la que se conocía inicialmente.
La gobernadora aseguró que hubo reclamos mutuos y defendió la actuación de las autoridades estatales frente a las críticas por la presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad.
Sheinbaum confirmó que la conversación fue tensa y que ambas levantaron la voz. Según su relato, la gobernadora le reclamó que se le relacionara con una posible traición a la patria, mientras ella insistió en que debía investigarse por qué agentes extranjeros participaron en actividades operativas sin que el Gobierno federal hubiera sido informado.
La presidenta sostuvo que no se trataba de una acusación personal contra Campos, sino de esclarecer si se violaron disposiciones legales y determinar quiénes fueron responsables.
“Se tiene que investigar por qué entraron agentes extranjeros sin permiso y acorde a la Ley de Seguridad Nacional”, explicó la mandataria federal al dar a conocer su versión del encuentro.
Con ello, el diferendo dejó de ser únicamente una controversia sobre la colaboración con Estados Unidos y se convirtió también en una disputa sobre quién conocía las operaciones, quién autorizó la participación extranjera y hasta dónde llegan las responsabilidades políticas y penales dentro del Gobierno de Chihuahua.
- Jáuregui, la pieza central de la defensa de la gobernadora
Uno de los aspectos más delicados de la conversación fue la versión que, según Sheinbaum, le ofreció Campos para deslindarse de la intervención de los agentes estadounidenses.
De acuerdo con la presidenta, la gobernadora responsabilizó al entonces fiscal César Jáuregui de la entrada de los agentes y sostuvo que no había sido una decisión suya.
Sheinbaum también relató que Campos le habló de presuntos actos de corrupción atribuidos al exfuncionario, incluidos señalamientos relacionados con casinos. Ante ello, le planteó que las irregularidades debían investigarse por las vías correspondientes y le ofreció facilitar una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
El episodio abre una interrogante política de fondo: si la gobernadora sostiene que la operación fue responsabilidad de un subordinado, las investigaciones deberán establecer qué información conocían los mandos estatales, qué autorizaciones existieron y si hubo omisiones en los mecanismos de coordinación con la Federación.
No basta con atribuir responsabilidades desde el terreno político. La determinación de posibles delitos corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales, a partir de las pruebas que se incorporen a las investigaciones.
La detención de Jáuregui ha colocado a la administración estatal bajo una presión adicional, pues el caso ya no se limita a las explicaciones sobre un operativo antidrogas, sino que involucra la actuación de funcionarios que formaban parte de la estructura de seguridad del estado.
- La Fiscalía federal abre nuevas líneas de investigación
La controversia también alcanzó a la fiscal general de la República. Tras la reunión presidencial, Campos acudió a entrevistarse con Godoy y, de acuerdo con la información difundida por la titular de la FGR, presentó elementos con los que buscaba atribuir al exfiscal la responsabilidad por la presencia de los agentes extranjeros.
Godoy explicó que los señalamientos formulados por la gobernadora dieron lugar a una nueva línea de investigación. También indicó que Campos manifestó tener información sobre presuntos actos de corrupción de Jáuregui y que conocía la posibilidad de que la Federación le imputara delitos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional.
La existencia de nuevas indagatorias no significa que todas las acusaciones estén probadas, pero sí amplía el alcance de un caso que compromete a figuras relevantes de la estructura política y de seguridad de Chihuahua.
El trasfondo es especialmente sensible porque la participación de agentes de la CIA en actividades operativas dentro de México plantea cuestiones sobre la soberanía nacional, la autorización de personal extranjero y los límites legales de la cooperación bilateral.
La muerte de dos agentes estadounidenses y de funcionarios mexicanos en un accidente ocurrido después de un operativo contra laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos detonó la controversia que desde abril mantiene enfrentadas distintas versiones sobre lo sucedido.
Una crisis que golpea la relación entre Chihuahua y la Federación
La decisión de Campos de hacer pública su conversación con Sheinbaum reactivó una disputa que afecta la relación institucional entre ambas administraciones y coloca bajo escrutinio la estrategia de seguridad del Gobierno estatal.
Para la presidenta, la prioridad es determinar si hubo violaciones a la legislación mexicana y proceder contra quienes resulten responsables. Para Campos, el caso también implica defender la actuación de su gobierno y rechazar lo que considera una respuesta desproporcionada contra su exfiscal.
La gobernadora ha cuestionado la severidad de las acusaciones contra Jáuregui y ha defendido la necesidad de mantener la cooperación con Estados Unidos para combatir al crimen organizado.
La administración federal, por su parte, sostiene que esa colaboración debe ajustarse a la ley y que la participación de agentes extranjeros en operaciones debe esclarecerse
En medio de estas posiciones, la disputa amenaza con extenderse más allá de las fiscalías y las dependencias de seguridad. La confrontación entre una gobernadora del PAN y una presidenta de Morena inevitablemente adquiere una dimensión partidista, aunque las responsabilidades penales deban resolverse con independencia de las diferencias políticas.
La controversia también se desarrolla en un contexto de creciente competencia política rumbo a las elecciones estatales de 2027, en las que Chihuahua será un territorio relevante para ambas fuerzas. Sin embargo, el desenlace electoral no puede anticiparse y dependerá de múltiples factores, entre ellos los resultados de gobierno, las investigaciones y el comportamiento de los votantes.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Más allá de los reclamos intercambiados en el aeropuerto de Ciudad Juárez, el problema central continúa siendo esclarecer cómo se permitió la participación de agentes extranjeros en un operativo estatal, quiénes estaban enterados y si se respetaron los procedimientos legales.
La revelación de Campos hizo visible una ruptura que hasta entonces se conocía principalmente a través de declaraciones públicas y diferencias institucionales. La respuesta de Sheinbaum, a su vez, mostró que ambas funcionarias mantienen versiones distintas sobre las responsabilidades que deben investigarse.
El costo político para Chihuahua no se mide solamente en la tensión entre dos mandatarias. También está en juego la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad, la transparencia de las decisiones gubernamentales y la capacidad de las autoridades para explicar a la ciudadanía qué ocurrió realmente.
En lugar de cerrar la controversia, la difusión de la conversación privada abrió otro frente de discusión. Ahora, las explicaciones políticas tendrán que contrastarse con los expedientes y las pruebas que determinen las autoridades competentes.
Mientras tanto, la crisis permanece abierta y la gobernadora enfrenta el desafío de responder por las actuaciones de su administración sin que el conflicto con el Gobierno federal desplace la pregunta fundamental: quién permitió el ingreso y la participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua y bajo qué condiciones legales se hizo.
