Zach Despart/Uriel J. García/The Texas Tribune
La discordia entre los republicanos que controlan el gobierno de Texas amenazó con causar otra víctima el jueves: proyectos de ley de seguridad fronteriza en los que los legisladores conservadores están de acuerdo en principio.
El vicegobernador Dan Patrick dijo en una declaración vespertina que el Proyecto de Ley 4 de la Cámara de Representantes, que crearía un delito estatal por ingresar ilegalmente al estado desde México, no era más que un “proyecto de ley de captura y liberación del tamaño de Texas”.
“La HB 4 no requiere una identificación adecuada de los sospechosos, huellas dactilares ni una verificación de antecedentes y permite que quienes cruzan la frontera ilegalmente regresen cuando lo deseen, una y otra vez”, dijo Patrick.
Una hora más tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, respondió. Defendió el proyecto de ley, que según dijo fue redactado con el gobernador Greg Abbott, como la medida fronteriza más fuerte jamás aprobada por la Cámara. Y acusó al Senado, bajo el liderazgo de Patrick, de promover su propia versión del proyecto de ley “pro-inmigración ilegal”.
“La respuesta del Senado a la amenaza de la inmigración ilegal es establecer un programa de hospitalidad a largo plazo financiado por el Estado para inmigrantes ilegales”, dijo Phelan, refiriéndose al plan del Senado para detener a inmigrantes a largo plazo en instalaciones estatales.
La disputa pública, la última de una serie de críticas entre los líderes legislativos que comenzaron en la primavera por los impuestos a la propiedad y se agravaron en el verano durante el juicio de destitución del fiscal general Ken Paxton, pone en duda si la Legislatura aprobará la HB 4 antes. El tercer período extraordinario de sesiones finaliza el martes.
Mientras tanto, Abbott estaba por su cuenta en una visita no anunciada a Israel. Pero ni siquiera en Austin ha podido negociar una tregua entre las Cámaras. Hace apenas 24 horas, la Cámara torpedeó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo sobre los vales escolares, la principal prioridad legislativa de Abbott, horas después de que Patrick sugiriera una vía para su aprobación modificando la versión que los senadores ya habían aprobado.
Pero mientras los republicanos que controlan la Cámara y el Senado tienen grandes desacuerdos sobre los vales, que permitirían a los padres usar el dinero de los contribuyentes para enviar a sus hijos a escuelas privadas, los legisladores conservadores quieren universalmente mejorar la seguridad fronteriza y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
La incapacidad de las Cámaras para aprobar leyes a pesar de ese consenso es un testimonio de cuánto se han deteriorado las relaciones.
La HB 4, del representante republicano de Jacksboro, David Spiller, establece que si un oficial de Policía tiene evidencia de que una persona cruzó ilegalmente la frontera Sur, el oficial podría detener y transportar a esa persona a un puerto de entrada y ordenarle que regrese a México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. Si el inmigrante se niega, el oficial lo arrestará y el inmigrante será acusado de un delito menor, o de un delito grave, si hubiera cruzado el Río Grande varias veces.
A principios de esta semana, el senador Brian Birdwell, republicano por Granbury, sustituyó la HB 4 por su versión de la legislación, cambiando el lenguaje clave.
La versión de Birdwell de la HB 4 también crearía un delito estatal para ingresar al país ilegalmente desde México. La Policía, sin embargo, encarcelaría al inmigrante, quien esperaría ser procesado por un delito menor o grave. Si es declarado culpable, después de que el inmigrante cumpla su sentencia, un juez ordenaría a una agencia estatal no especificada que transporte al inmigrante a un puerto de entrada para ser entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para su deportación.
