Los planes restringirían drásticamente la inmigración tanto legal como ilegal de diversas maneras.
Trump quiere revivir las políticas fronterizas de su primer mandato, incluida la prohibición de la entrada de personas de ciertas naciones de mayoría musulmana y la reimposición de una política de la era Covid-19 de rechazar solicitudes de asilo, aunque esta vez basaría esa negativa en afirmaciones de que los migrantes portan otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis.
Planea recorrer el país en busca de inmigrantes que vivan aquí sin permiso legal y deportar a millones de personas cada año.
Para ayudar a acelerar las deportaciones masivas, Trump está preparando una enorme expansión de una forma de expulsión que no requiere audiencias de debido proceso.
Para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a llevar a cabo redadas amplias, planea reasignar otros agentes federales y designar oficiales de Policía locales y soldados de la Guardia Nacional aportados voluntariamente por los estados gobernados por los republicanos.
Para aliviar la presión sobre los centros de detención de ICE, Trump quiere construir enormes campos para detener a las personas mientras se procesan sus casos y esperan los vuelos de deportación. Y para sortear cualquier negativa del Congreso a asignar los fondos necesarios, Trump redirigiría dinero del presupuesto militar, como hizo en su primer mandato, para gastar en un muro fronterizo más de lo que el Congreso había autorizado.
La constelación de planes de Trump para 2025 equivale a un ataque a la inmigración a una escala nunca antes vista en la historia moderna de Estados Unidos. Millones de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal serían excluidos de Estados Unidos o desarraigados años o incluso décadas después de establecerse aquí.
Tal escala de deportaciones planificadas plantearía desafíos logísticos, financieros y diplomáticos y sería impugnada enérgicamente ante los tribunales. Pero no hay duda de la amplitud y ambición del cambio que Trump está contemplando.
En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de estudiantes extranjeros que participaran en protestas anti-israelíes o pro palestinas. Se ordenará a los funcionarios consulares de Estados Unidos en el extranjero que amplíen la evaluación ideológica de los solicitantes de visas para bloquear a las personas que la administración Trump considera que tienen actitudes indeseables. A las personas a las que se les concedió el estatus de protección temporal porque son de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, se les revocaría ese estatus.
