La reciente decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México de optar por un retiro anticipado es vista como una estrategia para asegurar sus beneficios y privilegios, en lugar de promover la renovación y transparencia que la ciudadanía demanda.
Este retiro les permite conservar derechos exclusivos financiados por el presupuesto público, como una pensión vitalicia prácticamente igual a su salario activo y un haber de retiro considerable, dijo la diputada federal por el PT, Lilia Aguilar Gil.
Además, entre sus beneficios, los ministros reciben salarios de más de 792,000 pesos mensuales, seguro de gastos médicos por más de 30 millones de pesos, pasaportes diplomáticos, seguro de separación con montos superiores a 20 millones, vehículos blindados y asignación de personal incluso en su jubilación. Mientras el país enfrenta importantes retos en justicia social y económica, este tipo de privilegios contrasta con las necesidades y prioridades de la mayoría de los mexicanos, resaltó la legisladora. Es crucial un cambio estructural que promueva un Poder Judicial en sintonía con la equidad y responsabilidad que merece nuestra sociedad, y seguiremos trabajando en ello, finalizó la representante del PT en el Congreso de la Unión.
