Baltimore, Maryland.— La organización legal prodemocracia Democracy Forward presentó nuevas solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA) para exigir la entrega de documentos relacionados con el acceso irregular a datos confidenciales del Seguro Social, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) admitiera ante tribunales federales haber incurrido en inexactitudes y tergiversaciones en un caso de alto perfil.
Las solicitudes buscan esclarecer el papel de empleados del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quienes presuntamente accedieron sin autorización legal a información personal sensible de millones de estadounidenses almacenada por la Administración del Seguro Social (SSA). El caso ha generado preocupación nacional por posibles violaciones a la privacidad y por el eventual uso indebido de datos con fines políticos y electorales.
Entre los documentos requeridos se encuentra una copia del llamado “Acuerdo de Datos de Votantes”, que habría sido firmado por un integrante del DOGE dentro de la SSA y un grupo de defensa política que, según sospechas ampliamente difundidas, sería True the Vote, organización conocida por cuestionar los resultados electorales en Estados Unidos. Asimismo, Democracy Forward solicita las remisiones realizadas bajo la Ley Hatch por la SSA a la Oficina del Asesor Especial de EE. UU., así como comunicaciones entre personal del DOGE y dicho grupo político. También se pide información sobre el uso de la plataforma Cloudflare por parte de personal afiliado al DOGE.
“Las revelaciones de mala conducta por parte de la administración Trump-Vance, y las sugerencias de que datos confidenciales de los contribuyentes han sido compartidos con organizaciones externas desconocidas e irresponsables, deberían alarmar a todos los estadounidenses”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. Añadió que es fundamental conocer el alcance real de estas acciones para proteger la integridad de las próximas elecciones federales.
Las solicitudes de FOIA se presentan un día después de que una coalición de sindicatos y defensores de jubilados, representados por Democracy Forward, interpusiera dos escritos judiciales —uno ante un tribunal federal de distrito y otro ante una corte de apelaciones— con el fin de incorporar nueva información a un proceso en curso relacionado con estas prácticas. La moción presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Maryland fue concedida el mismo día.
El litigio se remonta a febrero de 2025, cuando organizaciones como la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales (AFSCME), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Alianza para los Jubilados Estadounidenses (ARA) presentaron una demanda contra la SSA tras descubrir que agentes del DOGE habían ingresado a sus sistemas sin autorización. De acuerdo con declaraciones judiciales, el personal habría eludido controles de seguridad y accedido a información altamente sensible, incluyendo números de cuentas bancarias, historiales médicos y salariales, así como estatus migratorio.
En respuesta, un tribunal federal ordenó inicialmente al DOGE eliminar los datos obtenidos de forma ilegal y suspendió temporalmente su acceso. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto esa orden de manera provisional mientras el caso continúa su curso en instancias inferiores.
La controversia se intensificó el 16 de enero de 2026, cuando el gobierno presentó una “Notificación de Correcciones al Expediente”, reconociendo errores en la información previamente entregada al tribunal. Estas revelaciones ocurren en medio de crecientes críticas a la administración Trump-Vance por presuntos intentos de utilizar datos personales para depurar padrones electorales en varios estados, de cara a las elecciones legislativas de mitad de período de 2026.
