Chihuahua, Chih.— La aprehensión del exgobernador César Duarte Jáquez volvió a sacudir el panorama político estatal y nacional, al ser detenido este martes en Chihuahua por su presunta participación en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte de una investigación federal que apunta a un esquema de desvío y ocultamiento de fondos públicos a través del sistema financiero mexicano.
La captura se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el 16 de mayo de 2024 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez. Duarte, quien gozaba de libertad condicional desde su extradición a México en 2022, enfrentaba desde entonces señalamientos por peculado y asociación delictuosa derivados de procesos abiertos en la Fiscalía de Chihuahua. La nueva imputación proviene ahora del ámbito federal y amplía el abanico de delitos por los que es investigado.
- Un expediente que no deja de crecer
El exmandatario había sido detenido inicialmente en Miami en 2020, extraditado en 2022 y sometido a proceso en Chihuahua. No obstante, su reciente captura ocurre luego de que el Gobierno de Estados Unidos autorizara —apenas el 4 de diciembre de 2025— procesarlo por cargos adicionales distintos a los que motivaron su extradición original.
Según información oficial, la investigación actual señala a Duarte como presunto responsable de emplear su cargo como funcionario estatal para encubrir desvíos millonarios mediante estructuras financieras y empresas vinculadas.
- Critican presuntas redes de protección
La reaprehensión no solo ha reavivado el expediente penal del exgobernador; también ha desatado un vendaval político. Sectores de la oposición, organizaciones civiles y analistas han puesto en entredicho la actuación de instituciones federales y estatales, en particular la del exfiscal general Alejandro Gertz Manero y la administración de la gobernadora Maru Campos, a quienes acusan de haber ejercido “proteccionismo político” que habría favorecido a Duarte en etapas previas del proceso.
De acuerdo con voces críticas, la captura evidencia las tensiones internas entre distintas esferas de poder y exhibe la presunta existencia de redes de protección que habrían permitido al exmandatario evadir durante años un proceso penal más contundente. La propia liberación condicional de Duarte, así como los tiempos en que se solicitaron y otorgaron autorizaciones diplomáticas para procesarlo por nuevos delitos, han sido señalados como muestra de un manejo político del caso.
- Un caso emblemático para el estado
El caso Duarte ha sido uno de los más representativos en la historia reciente de Chihuahua, no solo por los montos señalados en los desvíos durante su administración, sino por el impacto político que generó en gobiernos subsecuentes y en la opinión pública de la entidad. Sus procesos, pausas y reactivaciones han sido interpretados como indicadores de lucha interna entre grupos de poder, tanto a nivel estatal como federal.
La reciente detención podría marcar una nueva etapa en la dilatada batalla judicial del exgobernador, cuyo futuro legal dependerá ahora del curso que tome el proceso federal por lavado de dinero.
- Presunción de inocencia
Las autoridades recordaron que César Duarte es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un juez. Su defensa legal, por su parte, ha anticipado que impugnará la nueva orden al considerar que se violaron garantías procesales y acuerdos diplomáticos en materia de extradición.
Con el caso nuevamente en el centro del debate público, la sociedad chihuahuense observa con atención si esta nueva detención será el inicio de una resolución definitiva o un capítulo más en una larga historia de acusaciones, controversias y tensiones políticas.
