El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios, fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, de acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación, dada a conocer por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, señala que los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío masivo de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.
Además de Rocha Moya, entre los acusados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. Este último también enfrenta cargos por secuestro relacionados con la muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa, proporcionar información confidencial a sus miembros y permitir el tránsito de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
El fiscal Clayton afirmó que el caso evidencia cómo las organizaciones criminales dependen de la corrupción política para operar. “Ningún funcionario, sin importar su cargo, está por encima de la ley”, subrayó.
Por su parte, el titular de la DEA señaló que el cártel, considerado una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, ha logrado expandir sus operaciones gracias a redes de soborno y complicidad institucional.
La acusación también detalla que algunos funcionarios habrían participado directamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos, para favorecer al grupo criminal. En particular, se señala que Valenzuela Millán habría colaborado en el secuestro y asesinato de informantes vinculados a la investigación.
De acuerdo con el documento judicial, los implicados estarían vinculados a la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Se alega que esta organización habría intervenido incluso en procesos electorales para favorecer a ciertos candidatos.
Las autoridades estadounidenses indicaron que este caso forma parte de una serie de acusaciones iniciadas desde 2023 contra más de 30 integrantes del Cártel de Sinaloa, en un esfuerzo por desarticular sus operaciones internacionales.
Finalmente, la Fiscalía recordó que los cargos son acusaciones formales y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
