- ICE refuerza vigilancia digital con millonaria inversión en medio de política de deportaciones masivas
Washington, D.C.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a destinar cientos de millones de dólares a nuevas herramientas de vigilancia digital, de acuerdo con registros federales revisados por diversos medios estadounidenses, en lo que ha sido catalogado como una de las mayores expansiones tecnológicas en la historia reciente de la agencia.
La inversión se dio en un contexto marcado por el avance de la política de deportaciones masivas impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, una estrategia que ha dependido cada vez más del uso intensivo de tecnologías de identificación, rastreo y análisis de datos para localizar y detener a personas sin estatus migratorio regular.
Según los documentos consultados, más de 300 millones de dólares fueron previstos para la adquisición y ampliación de sistemas de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial, lectores automáticos de placas vehiculares y servicios de rastreo de ubicación, herramientas que permitirían a ICE fortalecer su capacidad de seguimiento tanto en investigaciones migratorias como criminales.
Especialistas en derechos civiles y privacidad han advertido que este crecimiento acelerado de la vigilancia digital plantea serias preocupaciones sobre el alcance del monitoreo gubernamental, el uso de datos personales y el impacto potencial en comunidades migrantes, particularmente en zonas fronterizas y ciudades con alta población latina.
Por su parte, defensores de la política migratoria estricta han argumentado que estas tecnologías buscan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos a largo plazo y reforzar la seguridad nacional, al permitir una identificación más rápida y precisa de personas sujetas a procesos de deportación.
El despliegue de estas herramientas tecnológicas se produjo en momentos en que ICE enfrentaba una presión creciente para cumplir con objetivos de detención y expulsión, lo que llevó a la agencia a apoyarse cada vez más en plataformas digitales y bases de datos compartidas con otras dependencias federales y estatales.
Aunque los contratos y adquisiciones se realizaron bajo marcos legales vigentes, organizaciones civiles han solicitado mayor transparencia y supervisión sobre el uso de estas tecnologías, advirtiendo que su expansión podría sentar un precedente duradero en las prácticas de vigilancia del gobierno estadounidense.
