- Orden judicial preliminar suspende condiciones de financiación ilegales para programas de vivienda y restablece las condiciones legales
Providence, Rhode Island – Un juez federal ha concedido mociones para una orden judicial preliminar que bloqueará temporalmente los intentos de la administración Trump-Vance de implementar restricciones ilegales e irrazonables que buscan desviar fondos de soluciones comprobadas para la falta de vivienda.
La orden se emite en el caso National Alliance to End Homelessness et al. contra HUD, presentado por gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro, que busca impedir el intento perjudicial de la administración de detener la financiación de proyectos de vivienda permanente que están evitando que cientos de miles de personas se queden sin hogar ante la llegada de los fríos meses de invierno.
Durante años y a través de varias administraciones, el Programa Continuum of Care (CoC) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) ha ayudado a proporcionar los recursos necesarios para que los gobiernos y organizaciones locales financien proyectos de vivienda permanente para veteranos, personas mayores, personas con discapacidades e individuos y familias con niños que experimentan la falta de vivienda.
Sin embargo, el 13 de noviembre de 2025, sin explicación, HUD rescindió un aviso de programa necesario, reemplazándolo por uno que amenaza los servicios existentes. Esta medida fue retirada por HUD horas antes de una audiencia en el caso presentado por los gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro. La orden de la jueza Mary S. McElroy, emitida hoy desde el estrado y que será seguida por una orden escrita, bloquea la implementación de cambios peligrosos en el programa CoC, incluso cuando el gobierno ha amenazado con emitir otro nuevo anuncio de financiación. La coalición que presentó la demanda incluye a la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda (NAEH), la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (NLIHC), Crossroads Rhode Island, Youth Pride, Inc., así como el Condado de Santa Clara, California, San Francisco, California, el Condado de King, Washington, Boston, Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Nashville, Tennessee y Tucson, Arizona.
La coalición emitió la siguiente declaración en respuesta a la orden:
“Esta orden ofrece a los gobiernos locales y a las organizaciones sin fines de lucro que realizan la ardua e importante labor de apoyar a las personas sin hogar un alivio muy necesario tras la amenaza de nuevas condiciones perjudiciales impuestas por la administración Trump-Vance. La orden de hoy significa que más de 170.000 personas —familias, personas mayores, veteranos y personas con discapacidades— obtienen un respiro ante el ataque del gobierno. La administración Trump-Vance ha sugerido que intensificaría su esfuerzo ilegal e irrazonable para desalojar a las personas de sus viviendas y devolverlas a la situación de calle con un nuevo cambio de política. Continuaremos con este caso y seguiremos comprometidos con la protección de las soluciones comprobadas para la falta de vivienda y de los cientos de miles de personas que dependen de este apoyo habitacional”.
Como explica la demanda, después de más de una década de priorizar enfoques basados en evidencia que reducen la falta de vivienda, cualquier cambio en la Convocatoria de Oportunidades de Financiamiento amenaza con desestabilizar el programa requerido por ley, tendrá impactos devastadores para los demandantes y provocará que cientos de miles de niños, jóvenes, adultos y familias se queden sin hogar.
Democracy Forward y la Fundación ACLU de Rhode Island representan a la coalición de organizaciones sin fines de lucro en este asunto; el Centro Nacional de Derecho para Personas sin Hogar representa a NAEH y NLIHC; Public Rights Project representa a las ciudades de Boston, Cambridge, Nashville y Tucson; y el Condado de Santa Clara y San Francisco se representan a sí mismos. El Comité de Abogados de Rhode Island representa a todos los demandantes.
