FGR cita a Maru Campos y al exfiscal César Jáuregui por caso CIA; crece presión política por presunta violación a la soberanía
La tensión política y jurídica alrededor del llamado “caso CIA” en Chihuahua escaló este sábado luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó formalmente a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno para comparecer dentro de la investigación abierta por la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio chihuahuense.
La notificación fue entregada directamente a la mandataria estatal en su oficina dentro del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, donde confirmó que acudirá el próximo 27 de mayo a rendir declaración ante autoridades federales. Durante el acto, Campos volvió a cuestionar el alcance de las investigaciones federales y lamentó que otros casos de alto impacto político, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, no hayan recibido —según afirmó— el mismo tratamiento institucional.
La comparecencia ocurre en un momento especialmente complejo para el gobierno estatal. Durante esta semana, la gobernadora sostuvo entrevistas con medios nacionales en las que defendió la necesidad de mantener cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque insistió en que debe ocurrir mediante mecanismos institucionales y negó haber autorizado o conocido la presencia de agentes extranjeros en el operativo que hoy es investigado.
Sin embargo, el costo político de esas declaraciones ha sido alto. Sectores críticos interpretaron sus posicionamientos como un reconocimiento implícito de que existió una actuación fuera de los canales establecidos por la legislación mexicana para la colaboración internacional en tareas de inteligencia y seguridad, abriendo el debate público sobre posibles responsabilidades políticas y administrativas.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, dijo la mandataria tras recibir el requerimiento, que está fechado para el miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana.
La mandataria dijo que su Gobierno ha actuado contra el crimen organizado y contra la inseguridad: “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”.
Durante la recepción del emplazamiento acompañaron a la Gobernadora el consejero Jurídico, José Carlos Rivera; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado, Roberto Gil Zuarth y el titular de la oficina de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.
El origen del caso se remonta al operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara para desmantelar un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Tras un accidente ocurrido durante el despliegue, salió a la luz la presencia de agentes estadounidenses, situación que detonó una investigación federal paralela: una por el aseguramiento del complejo criminal y otra por una posible afectación a la seguridad nacional derivada de la actuación de personal extranjero en territorio mexicano sin conocimiento del Ejecutivo federal.
La dimensión del caso aumentó cuando trascendió que dentro del complejo fueron asegurados miles de litros de precursores químicos y grandes cantidades de sustancias relacionadas con la producción de metanfetamina, mientras comenzaron a desfilar ante autoridades federales decenas de funcionarios y agentes involucrados en el operativo.
Aunque la comparecencia de Campos y Jáuregui se realiza, de acuerdo con reportes periodísticos, en calidad de declarantes y no implica por sí misma una imputación penal, el episodio coloca al gobierno de Chihuahua bajo uno de los mayores niveles de escrutinio político y legal de los últimos años, en medio del debate nacional sobre los límites de la cooperación internacional y la defensa de la soberanía mexicana
