La escasez de mano de obra ha sido un problema persistente para múltiples sectores, pero la reciente decisión de eliminar la protección contra la deportación para 1,3 millones de personas que trabajaban legalmente en Estados Unidos y la agresiva campaña de control migratorio a nivel nacional están exacerbando un problema ya de por sí complejo, según representantes del sector.
Estos grupos industriales, que generalmente apoyan otros aspectos de la agenda económica de Trump, están llevando sus preocupaciones sobre inmigración directamente a la administración, incluyendo los departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Agricultura, así como a la Casa Blanca.
Dentro de la administración, la tensión entre las preocupaciones de la industria y la aplicación de las leyes de inmigración ha generado desacuerdos internos sobre cómo abordar otros tipos de control, como en los centros de trabajo, según tres fuentes familiarizadas con el debate. Una fuente cercana a la Casa Blanca calificó de “un tanto frenética” la constante influencia del lobby en las decisiones.
En medio de esta situación se encuentra el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien ya está siendo criticado por algunos sectores de la base del presidente por parecer demasiado indulgente con la inmigración.
“Una fuerza laboral indocumentada solo fomenta la actividad ilegal. No impulsa la economía a largo plazo. Es una solución a corto plazo, pero generará problemas a largo plazo”, declaró Mullin en la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores la semana pasada, citando conversaciones con grupos laborales e industriales para encontrar soluciones.
Sus declaraciones en la reunión, donde también pidió cambios en los programas de visas de trabajo para abordar la escasez de mano de obra, provocaron una fuerte reacción de influyentes figuras del movimiento MAGA. “Estoy harta de Markwayne Mullin”, escribió Laura Loomer, aliada de extrema derecha de Trump, en X.
Horas después del evento, Mullin publicó en X: “NO a la amnistía para inmigrantes indocumentados. Jamás. Somos una nación de leyes. Si te encuentras ilegalmente en los Estados Unidos de América, serás detenido y deportado. Punto”.
Pero el episodio puso de manifiesto el delicado equilibrio que debe mantener Trump al impulsar deportaciones masivas —incluyendo, por ejemplo, a trabajadores de la construcción— mientras intenta cumplir otras promesas, como la de bajar los precios de la vivienda.
“Su campaña se centró en aumentar la oferta de viviendas”, dijo Jim Tobin, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, una de las organizaciones gremiales más grandes del país. “Estas dos cosas podrían estar entrando en conflicto en este momento. Pero seguimos defendiendo nuestra postura”.
Los funcionarios de Trump no han ofrecido ninguna garantía a cambio, dijo Tobin, más allá del compromiso de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Al ser consultado por CNN, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró: “Si la gente quiere venir a nuestro país a trabajar, debe hacerlo por la vía legal. La afirmación de que la única manera de apoyar a las industrias es permitiendo que inmigrantes ilegales y extranjeros sin verificación permanezcan en el país es totalmente falsa y una muestra de negligencia”.
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó: “No faltan talento estadounidense para ampliar nuestra fuerza laboral”, y añadió que “Trump seguirá impulsando nuestra economía, creando oportunidades para los trabajadores estadounidenses y garantizando que todos los sectores cuenten con la mano de obra legal necesaria para prosperar”.
CNN también se puso en contacto con los Departamentos de Trabajo y Agricultura para obtener comentarios.
- El impacto de la eliminación del TPS
Durante la última semana, se han intensificado las medidas de control migratorio contra personas que contaban con el Estatus de Protección Temporal (TPS), una forma de asistencia humanitaria que permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta es la última de una serie de medidas que impactan directamente a los empleadores.
“La campaña contra el TPS ha sido muy intensa”, afirmó Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración. “Esto genera mucha inquietud en las empresas y la economía”.
