El Paso, Texas.– Un salón de masajes ubicado en el Este de El Paso ha sido cerrado de forma permanente tras una investigación que reveló actividades ilegales y múltiples violaciones a las leyes estatales, según informó este miércoles la fiscal del condado, Christina Sanchez.
El establecimiento, Oriental Massage Spa LLC, situado en el 6301 Airport Road, operaba al margen de la ley ofreciendo supuestamente servicios eróticos y empleando a personal sin licencia, además de incumplir con requisitos regulatorios básicos como mantener registros adecuados de empleados y clientes.
El cierre definitivo del negocio es el resultado de un acuerdo legal entre la Fiscalía del Condado y los propietarios del establecimiento: Haifeng Xiao, Yanling Wang, y el dueño de la propiedad, Billy Wayne Fondren. Bajo los términos del acuerdo, los tres involucrados tienen prohibido operar, administrar, publicitar, promover o tener intereses financieros o administrativos en cualquier negocio de masajes dentro del condado de El Paso.
Además, se establecieron condiciones específicas:
- Oriental Massage Spa deberá cerrar sus puertas de manera permanente.
- Sus propietarios, Xiao y Wang, no podrán participar en ningún negocio similar dentro del condado.
- Fondren no podrá arrendar la propiedad a ningún establecimiento de masajes en el futuro.
- Se prohíbe el uso del nombre “Oriental Massage Spa” o cualquier variante similar.
La investigación fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Unidad de Vicio del Departamento de Policía de El Paso y el Departamento de Licencias y Regulación del estado. Se llevaron a cabo varias operaciones encubiertas a principios de 2025 que permitieron confirmar las actividades ilícitas del establecimiento.
Como parte del acuerdo, Haifeng Xiao y Yanling Wang deberán pagar $15,000 en multas y honorarios legales, más $207 en costas judiciales. Por su parte, Billy Wayne Fondren pagará $5,000 y los mismos costos judiciales. Ninguno de los demandados admitió responsabilidad como parte del acuerdo.
“Este caso demuestra cómo podemos utilizar recursos civiles, como demandas por molestias públicas, para cerrar negocios que generan daños a la comunidad y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes”, declaró la fiscal Sanchez.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para denunciar cualquier negocio o situación que represente una molestia pública o ponga en riesgo el bienestar vecinal.
