El Paso, Texas — A solo unos días de haber entrado en vigor la nueva política federal que exige a los conductores de camiones de carga hablar inglés para poder circular en carreteras estatales y federales, el ambiente entre transportistas mexicanos y mexicoamericanos es de preocupación, tensión e incertidumbre. La medida, respaldada por el expresidente Donald Trump y retomada como parte de su agenda de seguridad, ha encendido una fuerte polémica en el sector del transporte binacional.
Aunque la administración de Trump argumenta que el propósito es garantizar la seguridad vial y la comunicación efectiva con autoridades, operadores de carga señalan que la aplicación de esta regla ha sido selectiva, arbitraria y basada en perfil racial.
Detenciones sin causa clara y miedo generalizado
Ricardo Chávez, un experimentado chofer de carga con más de 10 años en la industria, relató que fue detenido recientemente mientras transitaba por Alabama. A pesar de no haber cometido ninguna infracción, un oficial le pidió detenerse.
“Venía con otro tráiler, pero solo a mí me pararon. El mío tenía razón social mexicana, el otro no. Nos cambiamos de carril para evitar un carro averiado, y aún así, solo a mí me detuvieron. Me preguntaron si hablaba inglés. Se siente como persecución”, expresó Chávez.
Testimonios como el suyo se han multiplicado en Texas, Arizona, Nuevo México y Alabama, donde choferes reportan inspecciones “aleatorias” que en realidad parecen enfocarse en camiones con placas o razones sociales mexicanas.
La medida pone en riesgo empleos y movilidad comercial
Organizaciones del sector advierten que, si no se establece un criterio claro para evaluar el nivel de inglés requerido, miles de operadores podrían perder sus empleos. Muchos de ellos poseen las certificaciones necesarias para circular en Estados Unidos, pero no dominan el idioma más allá de lo básico.
“Una cosa es exigir seguridad, otra es imponer un idioma como barrera de entrada. Esto afecta directamente la cadena logística y deja sin sustento a cientos de familias”, dijo Manuel Sotelo, representante de transportistas en Ciudad Juárez.
Sotelo añadió que varias empresas han comenzado a implementar programas internos de enseñanza del idioma, pero que el problema no es solo educativo, sino legal y estructural, pues la norma puede usarse como una herramienta para hostigar a los choferes extranjeros.
Las empresas se apresuran, pero el temor persiste
Compañías transportistas en ambos lados de la frontera han iniciado cursos exprés de inglés técnico y básico para sus empleados. Escuelas de capacitación en El Paso también se han sumado a la tarea de preparar a los conductores para afrontar esta nueva etapa.
“Estamos ofreciendo clases de inglés funcional para carretera, pero muchos choferes tienen miedo de ser detenidos por troopers o agentes del DOT solo por tener acento o no saber responder bien”, explicó Teresa García, coordinadora de una escuela de manejo comercial.
El temor se agudiza con reportes de operativos en Texas, a la altura de Odessa, donde agentes de transporte han sido acompañados por oficiales de ICE, lo que ha hecho que algunos operadores abandonen rutas hacia el interior del país o incluso renuncien a su trabajo por miedo a la deportación.
Acusan medida de ser una pantalla para políticas antiinmigrantes
Para líderes comunitarios y defensores de derechos civiles, esta política va más allá de un asunto de seguridad: responde a una agenda antiinmigrante disfrazada de regulación vial.
“No se trata solo de saber inglés, sino de identificar, detener y posiblemente deportar a trabajadores indocumentados que llevan años haciendo su trabajo con responsabilidad. Es una estrategia encubierta de exclusión”, opinó Elena Reyes, vocera de una organización proinmigrante en Texas.
A medida que se intensifica la aplicación de esta normativa, el clima de desconfianza y tensión crece entre quienes diariamente sostienen con su trabajo el comercio binacional entre México y Estados Unidos. Desde alimentos hasta partes industriales, la carga sigue cruzando la frontera, pero ahora lo hace bajo la sombra de una nueva política que muchos consideran injusta y discriminatoria.
