- La eventual expansión de instalaciones migratorias en el condado reavivó el debate sobre derechos humanos, muertes bajo custodia y el impacto en los recursos locales.
EL PASO, Texas.— La posibilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) instale un nuevo centro de detención en el condado de El Paso provocó una ola de preocupación entre residentes, activistas y funcionarios electos, quienes advierten que este tipo de complejos afectan directamente a la comunidad migrante, generan presión sobre servicios básicos y han estado ligados recientemente a muertes dentro de instalaciones federales.
La inquietud se intensificó luego de que la congresista Veronica Escobar revelara que ICE contempla aumentar su capacidad de detención en la región, información que la legisladora aseguró haber recibido y que la llevó a responder formalmente a la agencia federal expresando sus objeciones. De acuerdo con Escobar, una empresa privada habría recibido cerca de 30 millones de dólares mediante un contrato sin licitación para diseñar espacios de detención ampliados, incluyendo uno adicional en El Paso.
- Tribunal de Comisionados analiza escenario legal
Ante el creciente descontento, el Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso abordó el tema durante su sesión semanal del lunes, en la que sostuvo una reunión ejecutiva para recibir asesoría legal de la fiscal del condado, Christina Sanchez, sobre los derechos y responsabilidades del gobierno local frente a centros de detención federales dentro del condado.
Aunque no se adoptaron resoluciones oficiales, la sesión estuvo marcada por una masiva participación ciudadana. Más de 200 personas se inscribieron para opinar, y decenas tomaron la palabra en persona o de forma remota para manifestar su rechazo a la iniciativa.
“Los derechos humanos no dependen del estatus migratorio”, expresó una de las participantes, al pedir a los comisionados que utilicen todas las herramientas legales disponibles para impedir la construcción del nuevo centro, que presuntamente se ubicaría cerca de Clint, al este del condado.
- Muertes recientes aumentan el temor
La oposición ciudadana se vio reforzada por reportes de que tres personas han muerto en lo que va del mes de enero en las instalaciones de ICE East Montana, actualmente el centro de detención migratoria más grande del país. Organizaciones civiles señalaron que estas muertes, sumadas a denuncias previas de abusos físicos y sexuales, evidencian los riesgos de ampliar este modelo de detención.
“Cerrar los centros existentes debe ser la prioridad, no construir más”, coincidieron varios oradores durante la sesión pública, algunos de los cuales compararon estas instalaciones con espacios de confinamiento inhumanos.
- Funcionarios locales advierten impacto económico y social
El juez del condado, Ricardo Samaniego, manifestó su preocupación por las consecuencias colaterales que tendría un nuevo centro de detención, especialmente en términos de recursos.
“Estamos hablando de miles de personas que requerirían agua, electricidad y servicios de emergencia. Es una presión enorme para la comunidad, sin que exista un beneficio real”, señaló.
En la misma línea, el alcalde de Socorro, Rudy Cruz Jr., alertó sobre el impacto que una instalación de gran escala tendría en los sistemas de agua y alcantarillado, en una zona donde aún hay rezagos en infraestructura básica.
- ICE niega anuncio oficial, pero confirma expansión
ICE, por su parte, afirmó que no tiene nuevos centros de detención que anunciar en este momento, aunque reconoció que trabaja activamente para expandir su capacidad de detención a nivel nacional. La agencia aseguró que las instalaciones cumplirían con sus estándares y que su enfoque está en personas con antecedentes criminales.
Sin embargo, los informes sobre la posible compra de almacenes en el Eastwind Logistics Center, cerca de la I-10 y Clint, mantuvieron la incertidumbre y el rechazo entre residentes.
- Comunidad exige ser escuchada
Durante más de seis horas de participación pública, activistas, líderes comunitarios y residentes coincidieron en un mensaje: El Paso no quiere más centros de detención migratoria.
“Que la comunidad esté aquí y se exprese es fundamental para que se entienda lo que realmente queremos como región”, señaló una de las comisionadas al cierre de la sesión.
Por ahora, el futuro del posible centro de detención sigue sin definirse. No obstante, el debate dejó claro que cualquier intento de expansión enfrentará una fuerte resistencia social y política en el condado de El Paso.
