EL PASO, Texas — Hoy la Procuradora del Condado, Christina Sanchez, interpuso una demanda contra el gobierno federal para exigir la entrega de documentos relacionados con los planos de construcción de un “mega” centro de detención para inmigrantes dentro del condado. El litigio, autorizado por la Corte de Comisionados durante su sesión del 6 de Abril, representa una exigencia formal de transparencia a favor de los residentes del condado.
La demanda busca romper con lo que los líderes locales descritos como un “patrón persistente de hermetismo” por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) respecto a la ubicación y el desarrollo del centro de detención. Desde enero, diversos informes indican que el gobierno federal adquirió una propiedad en Socorro, Texas, por más de $122 millones de dólares y presuntamente adjudicó un contrato sin licitación de $30 millones para diseñar una prisión con capacidad para albergar hasta 8,500 personas. A pesar de estos informes, ICE no ha proporcionado ninguna información oficial al público sobre el impacto potencial del proyecto en la infraestructura crítica de la zona, incluyendo el suministro de agua potable y drenaje.
“Debido a su gran magnitud, esta instalación podría generar una enorme demanda de los recursos naturales, de servicios de emergencia, de sistemas de salud pública y de infraestructura local”, afirmó la Procuradora Condado de El Paso, Christina Sanchez. “La transparencia es esencial para garantizar que tanto el público como los gobiernos locales comprendan plenamente lo que está ocurriendo, y que puedan planear cómo mantener sus seguras sus comunidades y con un crecimiento sostenible. Además, existen serias preocupaciones sobre la manera en que el gobierno federal ha estado supervisando y manejando los centros de detención para inmigrantes que actualmente existen, por lo que obtener esta información se hace aún más urgente”, concluyó Sánchez.
La base legal del litigio es la Ley del Derecho a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), una ley federal que garantiza el acceso del público a documentos gubernamentales para promover la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Aunque la Procuraduría del
Condado presentó una solicitud formal de documentos sobre el proyecto desde el mes de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha cumplido con el plazo obligatorio de respuesta de 20 días establecido por la ley. Por lo tanto, la demanda busca una orden judicial de una corte federal que declare ilegal la falta de respuesta de ICE y obligue a la entrega inmediata de todos los documentos relacionados con la planificación, el financiamiento y el impacto ambiental de la instalación.
La demanda se interpone como respuesta a una oposición significativa de la comunidad contra cualquier expansión de los centros de detención de inmigrantes en El Paso. En enero, más de 200 residentes instalaron a la Corte de Comisionados para investigar el proyecto, citando preocupaciones sobre el tamaño de la “mega” instalación, el posible impacto sobre los limitados recursos urbanos del área, —incluido el abastecimiento de agua potable— y los informes de abusos en centros de detención ya existentes, como en el llamado “Camp East Montana”.
“A través de esta demanda, solicitamos a la Corte que exija al gobierno federal procesar de inmediato esta solicitud de Derecho a la Información, que ordene la entrega de todos los documentos a los que tenemos derecho, y que prohíba que la agencia federal ICE vuelva a esconder documentación”, señaló Sánchez. “La Ley de Libertad de Información exige que las agencias federales respondan dentro de los plazos establecidos. ICE ha incumplido cada plazo legal, sin dejar al Condado otra opción que buscar la intervención judicial”, concluye Sánchez.
