Funcionarios electos de la ciudad y el condado de El Paso cerraron filas en defensa del proyecto de modernización del Puerto de Entrada del Puente de las Américas (BOTA) y advirtieron que detrás de los intentos por detener la obra existen intereses políticos y comerciales que pretenden imponerse sobre una decisión respaldada por años de estudios técnicos y participación ciudadana.
Los comisionados del Condado de El Paso, David Stout e Iliana Holguin, junto con los representantes de la ciudad Josh Acevedo, Chris Canales y Lily Limón, emitieron un posicionamiento conjunto para respaldar el plan federal de inversión por 600 millones de dólares impulsado para transformar el principal cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez.
Los funcionarios sostuvieron que la discusión ya no debe centrarse únicamente en infraestructura, sino en el modelo de ciudad y frontera que se busca construir para las próximas décadas.
“El futuro de la región Paso del Norte depende de una frontera que funcione tanto para el comercio como para las comunidades”, señalaron.
El proyecto, encabezado por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, contempla una renovación histórica del puerto fronterizo y una reorganización del tránsito, trasladando el movimiento comercial hacia cruces especializados como Puerto de Entrada Santa Teresa-San Jerónimo, Puerto de Entrada Ysleta y Puerto de Entrada Tornillo, mientras que el Puente de las Américas quedaría orientado principalmente al cruce de pasajeros.
Para los representantes locales, esta redistribución no significa limitar el comercio, sino ordenar el crecimiento fronterizo y responder a reclamos históricos de residentes afectados por tráfico pesado, contaminación y saturación vial.
Explicaron que mantener camiones comerciales dentro del corredor urbano del centro-sur de El Paso genera afectaciones directas a la movilidad, la salud pública y la calidad de vida de miles de familias.
En contraste, afirmaron que las inversiones ya realizadas en Tornillo y Ysleta buscan precisamente construir una red fronteriza más moderna y eficiente.
Destacaron que el condado ha trabajado durante años con autoridades federales y binacionales para fortalecer la capacidad logística de Tornillo, mientras que la ciudad destina más de 20 millones de dólares para mejoras tecnológicas y accesibilidad en Ysleta.
Los funcionarios también subrayaron que el impacto económico de los cruces fronterizos no depende únicamente del transporte de mercancías.
Recordaron que los visitantes provenientes de México generan más de 2 mil millones de dólares anuales para la economía regional mediante consumo en comercios, restaurantes, supermercados y servicios.
Por ello, defendieron que agilizar el paso de personas traerá beneficios económicos más amplios que mantener un modelo centrado exclusivamente en carga comercial.
El posicionamiento tomó un tono más crítico al denunciar que recientemente surgieron intentos para revertir el proyecto mediante gestiones realizadas fuera del proceso público.
Sin mencionar responsables individuales, señalaron que esfuerzos promovidos desde sectores empresariales —entre ellos la Cámara de Comercio del Gran El Paso— buscan frenar una decisión que ya fue respaldada previamente de manera unánime tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Comisionados del Condado.
Los representantes insistieron en que el proyecto ya atravesó años de análisis, consultas públicas y participación comunitaria, por lo que modificarlo ahora respondería más a intereses particulares que al interés colectivo.
Finalmente, reiteraron que defenderán que la voz de los residentes prevalezca sobre presiones externas y pidieron mantener el rumbo de una obra que consideran estratégica para el futuro económico, ambiental y social de la región fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez.
