WASHINGTON, D.C.— La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), considerada la organización de derechos civiles hispanos más grande y antigua de Estados Unidos, advirtió en su informe correspondiente a julio de 2026 que el fortalecimiento de las políticas de deportación masiva implementadas por el gobierno federal está teniendo un impacto desproporcionado sobre las comunidades latinas, independientemente de la situación migratoria de sus integrantes.
En un documento titulado “Mientras todos los estadounidenses están en riesgo por el aumento de las deportaciones masivas, la mayor parte del impacto recae sobre las comunidades latinas”, la organización sostiene que las consecuencias ya no afectan únicamente a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, personas con autorización para trabajar y familias latinas establecidas desde hace varias generaciones en el país.
“LULAC considera que el impacto de las deportaciones masivas está recayendo sobre los latinos como grupo étnico y no únicamente sobre los inmigrantes indocumentados como categoría legal”, señala el informe.
- Arrestos impactan principalmente a latinos
Con base en investigaciones académicas, estadísticas oficiales y estudios de diversas organizaciones, LULAC aseguró que los latinos aparecen sobrerrepresentados en prácticamente todas las etapas del sistema de detención y deportación migratoria.
El informe cita un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), según el cual entre enero y octubre de 2025 el 91 por ciento de los extranjeros arrestados por ICE fueron latinos, porcentaje que posteriormente aumentó hasta 96 por ciento entre quienes finalmente fueron deportados.
Otro estudio incluido en el documento señala que casi tres de cada cuatro personas detenidas por ICE a nivel nacional son de origen latino, mientras que en estados como Nueva York los inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica representaron el 74 por ciento de los arrestos, pese a constituir solo una cuarta parte de la población inmigrante.
- Trabajadores y padres de familia, entre los más afectados
LULAC afirmó que el perfil de las personas detenidas ha cambiado de manera significativa durante los últimos meses.
Con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el informe indica que al 11 de julio de 2026 había 65 mil 765 personas bajo custodia de ICE, de las cuales 46 mil 436, equivalentes al 70.6 por ciento, no tenían ninguna condena penal.
La organización sostuvo que la mayoría corresponde a adultos en edad productiva que trabajan en sectores como la construcción, hotelería, agricultura, procesamiento de alimentos y servicios de cuidado.
Asimismo, aseguró que las detenciones de latinos sin antecedentes penales aumentaron considerablemente respecto a años anteriores, especialmente entre ciudadanos mexicanos y venezolanos.
- La condición migratoria no garantiza protección
Uno de los principales señalamientos del informe sostiene que, en la práctica, contar con ciudadanía estadounidense, residencia permanente o autorización legal para trabajar ya no representa una garantía suficiente para evitar ser objeto de revisiones o detenciones.
LULAC cita encuestas del Pew Research Center según las cuales un porcentaje importante de ciudadanos latinos nacidos en Estados Unidos manifestó haber sido cuestionado recientemente por autoridades sobre su ciudadanía o situación migratoria.
El documento también hace referencia a investigaciones de la ACLU que documentan cientos de incidentes relacionados con presuntos perfiles raciales, detenciones de ciudadanos estadounidenses y afectaciones a menores de edad durante operativos migratorios.
- Violencia, escuelas y centros de trabajo
El informe también señala un incremento en el uso de la fuerza durante operativos migratorios.
Con base en investigaciones de organizaciones civiles y medios nacionales, LULAC afirma que agentes federales han protagonizado incidentes con disparos durante revisiones de tránsito, además de intervenciones en escuelas, centros comunitarios y otros espacios tradicionalmente considerados sensibles.
Según la organización, el temor a posibles detenciones ha provocado cambios en la vida cotidiana de miles de familias latinas.
Entre las consecuencias mencionadas destacan padres que dejaron de llevar a sus hijos a actividades escolares, familias que redujeron su asistencia a reuniones comunitarias o servicios religiosos y personas que evitaron hablar español en espacios públicos por miedo a ser identificadas.
- Impacto económico
LULAC también advirtió que el endurecimiento de la política migratoria ha comenzado a repercutir en la economía de comunidades con alta presencia latina.
El informe cita investigaciones de la UCLA que documentan pérdidas millonarias para pequeños negocios tras operativos migratorios, disminución en el flujo de clientes y reducciones significativas en las ventas.
Entre los empresarios encuestados, más de la mitad reportó caídas superiores al 50 por ciento en sus ingresos, mientras numerosos establecimientos redujeron horarios o suspendieron temporalmente actividades debido al temor de clientes y trabajadores.
- Mayor presupuesto para ICE
Como parte de su análisis, LULAC señaló que el Congreso autorizó durante el actual periodo un incremento histórico en los recursos destinados a la aplicación de las leyes migratorias.
El informe destaca que la nueva legislación asignó aproximadamente 75 mil millones de dólares para fortalecer las operaciones de ICE durante los próximos cuatro años, incluyendo contratación de personal, expansión de centros de detención y aumento de la capacidad operativa de la agencia.
Según la organización, ICE pasó de contar con aproximadamente 10 mil agentes a más de 22 mil en poco más de un año, convirtiéndose en la agencia federal de seguridad con el mayor presupuesto del país.
- Llamado de LULAC
La organización concluyó que las políticas de deportación masiva están generando consecuencias económicas, sociales y humanitarias que trascienden la situación migratoria de las personas directamente involucradas.
Por ello, hizo un llamado a que las políticas públicas sean revisadas con base en evidencia, respeto a los derechos civiles y protección de las comunidades afectadas, al considerar que el clima de temor se ha extendido a millones de familias latinas que viven, trabajan y contribuyen a la economía estadounidense.
