Dirigentes de más de 50 organizaciones del estado de Texas junto con la Red Fronteriza por los Derechos Humanos -BNHR- declararon ‘estado de resistencia’ contra el Proyecto de Ley del Senado 4, previo a la firma del Proyecto de Ley Senatorial 4 por parte del Senado.
“Queremos derogar la SB 4, ya sea en los tribunales o en la legislación, pero esa ley no pertenece a Texas”, afirmó Fernando García, director ejecutivo de la organización pro derechos humanos, durante la conferencia de prensa organizada junto con los directivos de las agrupaciones texanas.
El líder fronterizo dijo que el propósito de este tipo de proyectos de ley antiinmigración es expulsar a los inmigrantes de esos estados, pero ese no será el caso en Texas, aseguró visiblemente indignado.
Y es que el Proyecto del Senado 4, resultado de un acuerdo entre la Cámara del Senado y la de Representantes, facultará a los agentes del orden público de Texas a arrestar a personas que consideren que se encuentran en el país ilegalmente y convertiría el cruce ilegal de la frontera en un delito menor estatal.
“Queremos derogar la SB 4, ya sea en los tribunales o en la legislación, pero esa ley no pertenece a Texas”, insistió el dirigente paseño ante los representantes de los medios de comunicación.
El defensor de la comunidad inmigrante manifestó que los extranjeros tienen una larga historia de presencia en los diferentes condados del estado de Texas y como mexicano-estadounidenses, refugiados, solicitantes de asilo, latinos e hispanos y no irán a ninguna parte.
“Nuestras familias están aquí, nuestras raíces están aquí y vamos a luchar y Vamos a resistir”, enfatizó García tras agregar que en breve BNHR junto con más de 50 organizaciones visitarán varias ciudades para desarrollar un movimiento que culminará en Austin el 9 de marzo de 2024.
El anuncio de la “campaña de conocimiento de sus derechos” tiene como objetivo denunciar abusos una vez que el gobernador Greg Abbott promulgue la mencionada ley que faculta a los agentes del orden público en el estado a investigar sobre el estatus migratorio y prohíbe a los gobiernos locales limitar la asistencia a las agencias federales de inmigración.
