“Mi mayor sueño es que quiten las ‘trocas’ (tractocamiones y tráileres) del puente ‘Libre’ para que ya no nos estemos enfermando”, dijo el niño Francisco Torres, de siete años de edad y alumno del segundo grado de la Escuela Primaria Frederick Douglass.
Torres formó parte de un grupo de activistas, adheridos a la organización Familias Unidas del Chamizal, quienes exigieron a los representantes de la Ciudad, adoptar una posición sobre el retiro de los camiones en ese puerto de entrada, ahora que el Gobierno federal proyecta actualizar la tecnología, reducir los tiempos de espera y disminuir la contaminación.
A nombre de sus compañeros de clase, y al igual que sus padres y vecinos, el pequeño clamó a las autoridades para que atiendan la problemática mientras exhibía una pancarta con la leyenda “¡Fuera! ¡No trocas!”, con la esperanza de que la lucha comunitaria cristalice en una justicia ambiental.
“Siempre cuando corremos en la materia de educación física nos sentimos cansados y con dolores en los pulmones”, expresó el pequeño Francisco al recordar que en una ocasión uno de sus amigos tuvo que ser llevado al hospital. Denuncia y enfatiza que la presencia de los camiones, “se está llevando nuestra salud y nuestros pulmones. Queremos aire limpio”.
Adentro y en su intervención ante el Cabildo tres integrantes de la agrupación a nombre de decenas de familias afectadas, pidieron a los regidores respuesta a sus demandas, encaminadas al retiro de los tractocamiones que durante años han sido generadores de toneladas de partículas tóxicas e impactado la salud pública de cientos de familias, en especial a niños y personas de la tercera edad.
“Nuestra lucha está enfocada en que quiten las ‘trocas’ del puente ‘Libre’, es cuestión de salud de todos nosotros y nuestros hijos. Toda las mañanas amanecemos con tos, dolor de garganta, gripe y ronquera porque el olor a diésel y el humo que emanan de los camiones se mete a nuestros hogares”, denunció Josefina Lerma, integrante de Familias Unidas del Chamizal, al tiempo que los representantes escuchaban su comentario.
Manifestó que mientras ellos luchan para que la comunidad tenga una mejor calidad de vida y goce de una buena salud, las autoridades se empeñan en proteger los intereses de los hombres de negocios que operan la industria maquiladora en la frontera.
A pesar de que diariamente más de 7 mil personas, asentadas en las inmediaciones del Segundo Barrio, sufren de los efectos de la contaminación al igual que vecindarios colindantes, las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto y lejos de dar respuesta han dado largas. “Sacrifican la salud por el comercio”, denunció.
A mediados del mes de febrero el representante de la Ciudad presentó un punto de acuerdo para revisar la petición de los vecinos, pero por acuerdo del Ayuntamiento fue retirado de la agenda, con seis votos en contra y dos abstenciones decidieron posponer el estudio argumentando que requerían tiempo para revisarlo.
Guillermo Glenn, integrante de la agrupación, lamentó que en esa ocasión haya sido ‘sacada’ de la agenda. “No tomaron ninguna decisión y hoy queremos que la Ciudad tome una decisión, porque es una decisión pública”.
Manifestó que a pesar de la gravedad del asunto nunca se ha hecho un estudio del impacto de la salud que padecen los habitantes de la zona habitacional en mención. Los informes realizados no tienen valor y lejos de ayudar han creado desinformación entre la comunidad.
Visiblemente preocupado mencionó que cientos de personas han padecido durante décadas el bombardeo de los focos de contaminación existentes en los alrededores tanto de hogares como escuelas: “Las ‘trocas’, el ferrocarril, las recicladoras, los incendios y los camiones de la Bowie HS impactan nuestra salud. Es un asunto de salud pública”.
El profesor retirado Javier Miranda, quien se unió a la demanda ciudadana, detalló que en su lucha los vecinos han hecho esfuerzos por educar a la comunidad sobre el ambiente tóxico que está impactando en la salud de los niños.
“A lo largo de este tiempo les hemos pedido a la comunidad y a los funcionarios de los distritos escolares que por favor atiendan estas súplicas y tomen en consideración la gran oportunidad que ofrece el Gobierno federal dentro de la Ley de Infraestructura Bipartidista, promulgada por el presidente Biden”.
Lamentó que es triste ver cómo las autoridades protegen a desarrolladores internacionales y nacionales que sacrifican la salud de la gente cuando su deber es garantizar la salud pública. “Se le ha proporcionado esta información a la congresista Verónica Escobar, pero aún vemos el favoritismo al comercio sobre la humanidad”, dijo que al momento la serie de protestas en las inmediaciones del puente ‘Libre’ no han concientizado al gobierno.
En noviembre de 2021, la congresista Escobar votó a favor de la Ley de Infraestructura Bipartidista, que fue promulgada por el presidente Biden e incluyó más de 3.4 mil millones de dólares para actualizar la tecnología, reducir los tiempos de espera y disminuir la huella de carbono de los puertos de entrada terrestres en todo el país.
Ante ello la Administración de Servicios Generales reservó entre 650 y 700 millones de dólares para que el Puente de las Américas (o ‘Libre’) modernice sus instalaciones de administración y mejore las instalaciones para las inspecciones de peatones, pasajeros, comerciales y primarias.
Aunque el proyecto de la Administración de Servicios Generales está progresando y, si bien aún no se ha finalizado ningún plan, se continúa en la fase de recibir comentarios de los habitantes de El Paso, dijo la legisladora federal.
“Nuestros puertos de entrada terrestres son vitales para la prosperidad económica de El Paso, Texas, y la nación, y la gente de El Paso como ustedes, debe expresar sus pensamientos e inquietudes sobre un proyecto que afectará a nuestra comunidad”, dijo Escobar, tras anunciar que al momento hay cuatro alternativas, una de éstas es el retiro de las ‘trocas’ del puerto y desviarlas al de Marcelino Serna, antes Tornillo-Guadalupe.
“Queremos que la Ciudad tome una posición y vote por la alternativa 4 que es la de enviar el tráfico comercial a Tornillo”, dijo el integrante de Familias Unidas del Chamizal.
Apuntó que el punto aquí es que ese dinero, los 700 millones de dólares que es parte del Gobierno federal, debe usarse para disminuir la contaminación en el puerto de BOTA, no para que las maquiladoras crucen sus camiones y se beneficien.
Hilda Villegas, líder de la organización comunitaria, coincidió en que ahora hay una posibilidad de que mejore la calidad del aire con ese dinero al agregarse nuevas alternativas.
“La contaminación de diésel causa daños irreparables para las vidas de nuestros hijos, que sufren por diversos problemas familiares, educativos y económicos. Hay una posibilidad de darles una esperanza de vida y sin embargo todo indica que no hay ningún interés para tratar esta cuestión de la salud pública en el barrio. Nos da mucha tristeza y coraje que usen información para dañar la credibilidad de los residentes del barrio”, expresó la activista tras lamentar la aparición de un informe dado a conocer recientemente en el que se minimiza la problemática de la contaminación en ese sector.
“Todos estos estudios que se generan no toman en cuenta la salud pública. No toman en cuenta la partícula materia que generan las ‘trocas’ que se mueven con diésel. ¿Cómo es posible hacer un estudio de mover las ‘trocas’ del puente sin considerar la contaminación que se genera, más por esas ‘trocas’ que es la partícula materia”?.
“Se nos hace ilógico e irresponsable que hagan eso con nuestra gente, se nos hace injusto”, enfatizó tras exigir que se ponga en consideración el impacto a la salud pública, y más aun cuando viene de las personas de la política y de aquellas que deben de proteger la salud pública.
Denunció que los estudios que realizan tanto las universidades de El Paso y Ciudad Juárez, como UTEP y la UACJ, no toman en cuenta salud pública ni la partícula materia y la ultrafina que es la que viene de las ‘trocas’ que utilizan ese combustible
