Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con 21 votos favor y cinco en contra, el dictamen a la minuta que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar, actualizar e interoperar el sistema de información en materia de bienes inmuebles en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, precisó que este ordenamiento no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas prediales, sino que pretende mejorar la información catastral, actualizar los registros y facilitar los mecanismos de pago, para fortalecer la capacidad administrativa y recaudatoria de los municipios, además de que respeta la autonomía constitucional de este nivel de gobierno.
Entre las disposiciones que se incluyen en 45 artículos y ocho transitorios del proyecto, se encuentra la implementación de una Clave Única Catastral, que tiene el propósito de identificar cada inmueble, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que vincula esa clave con el folio real del registro público.
Lo anterior, expuso el Senador, permitirá identificar diferencias entre los registros y facilitar la corrección a posibles errores, conforme a los procedimientos legales correspondientes. Al respecto, acotó: “Se trata de contar con información más confiable, sin alterar los derechos de propiedad que deban acreditarse conforme a la ley”.
Además, dijo, la ley crea la Plataforma Catastral Municipal, mecanismo que ayudará a gestionar servicios, actualizar cartografía, administrar información del predial y habilitar pagos digitales, además de que establece modelos comunes para los trámites catastrales y registrales.
“Para fortalecer la capacidad administrativa y recaudatoria de los municipios, recuperando y respetando las atribuciones que les reconoce la Constitución, la plataforma tecnológica es una herramienta de coordinación, y no sustituye las decisiones sobre contribuciones inmobiliarias” de ese nivel de gobierno, explicó.
Huerta Ladrón de Guevara apuntó que este ordenamiento también prevé la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y las autoridades locales, además del acompañamiento técnico y un proceso de armonización normativa a partir las distintas capacidades operativas de los municipios.
“Esta ley es un instrumento para fortalecer la certeza patrimonial, simplificar trámites y mejorar las capacidades de nuestros municipios, para que la tecnología esté al servicio de las personas, que ayude a proteger su patrimonio y permita a las autoridades atender mejor las necesidades del pueblo”, concluyó.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, aclaró que la ley “pondrá en definitiva” orden a lo relativo al registro de propiedades, mejorará el funcionamiento de las instituciones involucradas en esos procedimientos y subsanará muchas deficiencias que se prestaban a actos de corrupción.
Consideró que, contrario a lo han expresado algunos legisladores, los presidentes municipales del país han manifestado su acuerdo en las modificaciones al sistema catastral que aporta el ordenamiento, y recordó que, desde hace más de 90 años, no se han hecho cambios importantes a la legislación en materia de registro de propiedad.
El senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que, aunque este proyecto de decreto busca modernizar trámites, no se tomó en cuenta la opinión de los alcaldes del país, además de que se corre el riesgo de invadir la autonomía de los municipios y de concentrar la información sobre la propiedad de los ciudadanos.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, sin grupo parlamentario, rechazó que la nueva ley invada las facultades de los órdenes locales de gobierno, pues subrayó que impulsa una política fundamental para generar certeza a la propiedad, a las inversiones inmobiliarias en el país, y para proteger, incluso, al propietario de una pequeña casa.
