El proceso judicial relacionado con el denominado “Caso Azul”, ocurrido en junio de 2025, continúa su curso con avances relevantes en materia legal y resoluciones judiciales que mantienen al principal imputado —padre biológico de la menor— bajo prisión preventiva, informó la diputada María Antonieta Pérez Reyes tras exigir que el caso sea revisado por la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la cronología del caso, los hechos salieron a la luz el 18 de junio de 2025, cuando la madre de la víctima, identificada como ‘azul’, detectó indicios de abuso tras un periodo de convivencia de la niña con su padre, ocurrido entre el 13 y el 17 de junio. Dos días después, el 20 de junio, la madre presentó formalmente la denuncia ante las autoridades.
En conferencia de prensa y tras varios meses de investigación, la orden de aprehensión fue emitida el 25 de octubre de 2025, y el imputado fue detenido el 28 de octubre. Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial para la imposición de medidas cautelares, seguida de la audiencia de vinculación a proceso el 3 de noviembre, donde el juez determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal.
En el desarrollo del caso, también fue vinculada una persona cercana al imputado, quien presuntamente tuvo participación en los hechos. Ambos enfrentan cargos graves, lo que ha influido en la determinación de las medidas cautelares, dijo el abogado Lorenzo Villar, quien se sumó al equipo legal coadyuvante de la Fiscalía Especializada en delitos contra la Mujer (FEM).
Durante febrero de 2026, la defensa solicitó una prórroga en la etapa de investigación complementaria, misma que fue concedida. Posteriormente, el 5 de marzo, se notificó una resolución de amparo relacionada con la revisión de la medida cautelar. Aunque dicho recurso no derivó en la liberación del imputado, sí abrió la posibilidad de revisar las condiciones de su detención, dijo la abogada Sandra Díaz Rubio, luego de exponer la cronología de los hechos.
Sin embargo, en audiencia celebrada el 9 de marzo, la discusión sobre una posible modificación de medidas cautelares quedó sin efecto debido a cuestiones procesales, por lo que el imputado permanece bajo prisión preventiva oficiosa.
Especialistas jurídicos explicaron que, debido a la gravedad del delito, la resolución del amparo no es de cumplimiento inmediato, por lo que el acusado continuará en prisión hasta que se agoten todos los recursos legales, incluido el de revisión. Incluso, se prevé que el caso pueda escalar a instancias superiores, dada la discusión vigente en torno a la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Por otra parte, la parte acusadora destacó que “la investigación ha sido sólida, apoyada en protocolos especializados para la atención de menores, los cuales permitieron recabar testimonios en un entorno seguro y adecuado. Las declaraciones de la víctima han sido consideradas clave en el desarrollo del proceso”.
La madre de la menor, Velia Jiménez, acompañada por su equipo legal, subrayó la importancia del respaldo social e institucional recibido, así como el acompañamiento de figuras públicas y representantes legales.
Asimismo, hizo un llamado a padres y madres de familia a mantenerse atentos ante cualquier señal de abuso y a denunciar de inmediato.
“El silencio no protege a las víctimas. Es fundamental actuar para garantizar el derecho de niñas y niños a una vida libre de violencia”, expresó quien busca que el imputado permanezca en la cárcel.
El caso continúa en cumplimiento, a la espera de la resolución definitiva de los recursos legales en curso, en medio de un debate nacional sobre la aplicación de medidas cautelares en delitos de alto impacto.
