Ciudad Juárez.– La incertidumbre por la continuidad del nuevo servicio de transporte público en el Valle de Juárez encendió la inconformidad social, luego de que habitantes de diversas comunidades denunciaron que trabas administrativas y decisiones de la autoridad están afectando directamente su derecho a trasladarse. En voz de representantes comunitarios, la exigencia fue clara: garantizar la operación del servicio sin obstáculos burocráticos.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Museo de San Agustín, pobladores de localidades como El Porvenir, Praxedis G. Guerrero, San Agustín y zonas aledañas, advirtieron que el transporte representa una necesidad urgente ante los extensos recorridos que deben realizar diariamente para acceder a empleos, escuelas y servicios de salud en la mancha urbana de Ciudad Juárez.
Entre los participantes destacaron Alejandro “Mono” González, habitante de la comunidad Doctor Porfirio Parra, conocida como “Caseta”; Javier Torres, presidente seccional de El Porvenir; así como líderes sociales y docentes como el profesor Leobardo García, Leo de la Rosa, Georgina Gamboa y Ernesto Robles, quienes coincidieron en que la problemática rebasa lo administrativo y se ha convertido en un tema de impacto social.
El conflicto se agudizó tras el arranque de operaciones de la ruta que conecta El Porvenir con el centro de la ciudad. De acuerdo con lo expuesto, una unidad fue retirada por personal de transporte al argumentar la falta de autorización para circular en el primer cuadro, lo que derivó en sanciones, retiro de placas y el envío de un vehículo al corralón.
Los habitantes señalaron que, según información proporcionada por el concesionario, las unidades cuentan con concesión vigente hasta el año 2027; sin embargo, el permiso específico de reactivación seguía en proceso, pese a que ya había sido solicitado formalmente días antes. Esta diferencia entre concesión y autorización operativa generó un choque de interpretaciones que, aseguran, terminó afectando directamente a los usuarios.
En el contexto de este desencuentro, los representantes del Valle acusaron que la actuación de la autoridad estatal ha sido percibida como un obstáculo para la reactivación del servicio, al privilegiar procesos administrativos sobre la necesidad inmediata de movilidad en la región.
Subrayaron que el movimiento ciudadano no tiene vínculo con la empresa operadora, sino que responde a una demanda social legítima de acceso al transporte, especialmente en una zona donde la cobertura del servicio público ha sido históricamente limitada.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para integrarse al proceso de regularización del servicio, resolver las diferencias con la empresa concesionaria y evitar afectaciones a miles de habitantes que dependen del transporte para su vida cotidiana. La exigencia central, insistieron, es que se garantice el derecho a la movilidad sin retrasos ni condicionantes administrativas.
