EL PASO, TX – El 25 de octubre de 2026, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso acudieron al anexo de la cárcel del Condado de El Paso, ubicado en 12501 Montana Avenue, para investigar una agresión que involucró a un recluso.
El incidente ocurrió en un pabellón dentro de un módulo de población general. Cada módulo tiene una capacidad máxima de 144 reclusos y contiene seis pabellones, cada uno con capacidad para hasta 24 reclusos. Cada pabellón consta de cuatro habitaciones individuales, con seis reclusos asignados a cada habitación. Los reclusos de población general tienen acceso a la sala común desde las 8:00 a. m. hasta la hora de cierre a las 10:30 p. m.
Los módulos de población general cuentan con tres oficiales de detención: uno asignado a la estación de guardia y dos asignados a cada piso. Esta dotación de personal proporciona una proporción de un oficial por cada 48 reclusos a capacidad máxima, de acuerdo con los requisitos de la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas (TCJS). Los oficiales también realizan controles de seguridad y bienestar cada hora en estos pabellones.
Durante la investigación, los agentes revisaron las grabaciones de vigilancia de la unidad de vivienda. Las imágenes mostraban a cinco reclusos entrando en una celda, uno de los cuales obstruía la visión de los oficiales de detención.
Los agentes entrevistaron a la víctima en un hospital local, adonde había sido trasladada para recibir tratamiento. La víctima declaró que sus lesiones fueron resultado de una pelea individual. Los agentes observaron hematomas y lesiones importantes en su rostro, cabeza y ojos. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue ingresado en el hospital para recibir atención médica adicional.
Con la ayuda de los oficiales de inteligencia de pandillas asignados al anexo de la cárcel, los agentes identificaron a los cinco reclusos presuntamente involucrados. La investigación indicó que la agresión podría haber estado relacionada con la disciplina interna de la pandilla.
Aunque la víctima se negó a presentar cargos penales, los agentes continuaron la investigación basándose en las circunstancias y las pruebas obtenidas. El 3 de noviembre, se obtuvieron órdenes de arresto para Leroy Anaya, de 39 años; Santiago Carrillo, de 31 años; David Mendoza Jr., de 27 años; Gabriel Manuel Ontiveros, de 30; y Juan René Hernández, de 30. Cada uno enfrenta un cargo adicional por participar en actividades delictivas organizadas, un delito grave que se castiga con pena de prisión estatal.
“La seguridad de cada persona bajo nuestra custodia es nuestra responsabilidad”, declaró el sheriff Oscar Ugarte. “No toleraremos la violencia dentro de nuestras instalaciones. Investigaremos a fondo estos incidentes y presentaremos cargos, respaldados por las pruebas, para que los responsables rindan cuentas”.
