La Coalición Sembrando Esperanza manifestó su respaldo a la discusión que sostuvo el Ayuntamiento sobre el impacto ambiental y económico de los centros de datos en el desierto fronterizo, al considerar que este tipo de proyectos deben analizarse con el mismo rigor que otras iniciativas de alto impacto comunitario.
Durante la sesión programada para el martes 17 de febrero, el Consejo Municipal de El Paso incluyó en su agenda el Punto 13, impulsado por las representantes Cynthia Boyar Trejo (Distrito 4) y Josh Acevedo (Distrito 2). La propuesta contempló tres acciones clave: elaborar en un plazo de 60 días un marco de políticas públicas para la instalación de centros de datos en la ciudad —similar al aprobado previamente por el Condado—, establecer una pausa temporal de 60 días en negociaciones relacionadas con nuevos proyectos, y realizar un análisis legal de los acuerdos de incentivos fiscales vigentes bajo el llamado “Contrato 380”, incluidos los firmados con la empresa Meta.
Mary Woodruff, integrante de la coalición, señaló que las autoridades municipales habían mostrado disposición para proteger la asequibilidad de los servicios públicos, pero advirtió que en otras regiones del país la llegada de centros de datos había derivado en aumentos en las tarifas de agua, electricidad y gas. “Las comunidades terminan pagando la presión sobre la infraestructura y la escasez de recursos”, afirmó.
El debate se produjo en un contexto de creciente preocupación local por el uso intensivo de agua y energía que requieren estas instalaciones tecnológicas, especialmente en una zona desértica como la región Paso del Norte. Organizaciones civiles han advertido que, aunque los centros de datos representan inversión y modernización, también plantean interrogantes sobre sostenibilidad ambiental y beneficios reales en generación de empleo permanente.
Entre las peticiones concretas presentadas al Cabildo, la coalición solicitó frenar nuevos incentivos fiscales para este tipo de empresas, revisar o cancelar el contrato vigente con Meta y utilizar la influencia municipal ante EP Water para evitar compromisos que garanticen suministro continuo de agua potable a proyectos de alto consumo. Asimismo, pidieron mantener la intervención en el proceso relacionado con una planta de energía propuesta para abastecer un centro de datos, la cual operaría con gas natural.
El tema evidenció tensiones entre desarrollo económico y protección de recursos naturales en El Paso. Mientras algunos sectores empresariales han destacado la inversión y competitividad tecnológica que estos proyectos podrían aportar, grupos comunitarios insistieron en que la prioridad debe ser garantizar servicios públicos accesibles, proteger el medio ambiente y respaldar a pequeñas empresas locales que no representen riesgos para la sostenibilidad regional.
