WASHINGTON, D.C. – El 2 de diciembre de 2025, el representante estadounidense Gabe Vásquez (NM-02), junto con las representantes Teresa Leger Fernández (NM-03) y Melanie Stansbury (NM-01), así como los senadores Martin Heinrich (D-N.M.) y Ben Ray Luján (D-N.M.), exigieron que el gobierno federal reembolse a Nuevo México $30 millones correspondientes a los fondos estatales de emergencia utilizados para proteger a los trabajadores de Nuevo México de la interrupción de su asistencia alimentaria de noviembre durante el cierre gubernamental más reciente.
La delegación de Nuevo México envió una carta exigiendo a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que rindan cuentas a los contribuyentes de Nuevo México después de que el USDA retuviera deliberadamente los beneficios del SNAP de noviembre que tenía la obligación legal de financiar. “Financiar el SNAP es una responsabilidad federal, y los contribuyentes de Nuevo México no deberían ser penalizados por su incumplimiento”, escribieron los miembros. “Ningún estado debería tener que recurrir a sus propios presupuestos para solucionar un problema creado por la administración. En Nuevo México, esta falla puso a más de 450,000 beneficiarios del SNAP en riesgo inmediato de quedarse sin la asistencia alimentaria de la que dependen cada mes”.
- El texto de la carta:
Estimados Director Vought y Secretario Rollins:
Les escribimos para exigir el reembolso completo e inmediato al Estado de Nuevo México de los $30 millones que se vio obligado a reasignar para brindar asistencia alimentaria a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el mes de noviembre, durante el cierre del gobierno federal. Financiar el SNAP es una responsabilidad federal, y los contribuyentes de Nuevo México no deberían ser penalizados por su incumplimiento.
Durante el cierre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) se negaron a emitir los beneficios del SNAP a pesar de contar con fondos suficientes y autoridad de transferencia para otorgar la totalidad de los beneficios. Tras múltiples órdenes judiciales, el USDA finalmente permitió a los estados emitir los beneficios, pero sus reiteradas apelaciones y directrices contradictorias causaron más retrasos y confusión, dejando a más estadounidenses de clase trabajadora con hambre innecesaria en cada etapa del proceso. La gobernadora de Nuevo México hizo lo que la administración no hizo: mantuvo alimentados a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Ningún estado debería tener que recurrir a sus propios presupuestos para solucionar un problema creado por la administración. En Nuevo México, esta falla puso a más de 450,000 beneficiarios del SNAP en riesgo inmediato de quedarse sin la asistencia alimentaria de la que dependen cada mes. Afortunadamente, el Estado de Nuevo México intervino y proporcionó $30 millones en asistencia alimentaria para prevenir una crisis de hambre, proteger a los hogares vulnerables, garantizar la continuidad de los sistemas alimentarios locales y sostener las economías locales.
Esta no fue la única responsabilidad federal que Nuevo México se vio obligado a asumir. Además del fondo provisional de $30 millones para el SNAP, el estado ya había reasignado $162 millones para proteger a los residentes que habrían perdido la cobertura de Medicaid y los créditos fiscales para primas mejoradas de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) debido a la reforma fiscal republicana. Estos programas —SNAP, Medicaid y los subsidios de la ACA— son obligaciones federales fundamentales, y ningún estado debería verse obligado a cubrir los gastos de los programas federales. Nuevo México actuó con responsabilidad en circunstancias extraordinarias y no debe asumir la carga financiera a largo plazo de las fallas a nivel federal.
El Congreso ya ha dejado clara su intención. La Ley de Asignaciones Continuas, Agricultura, Rama Legislativa, Construcción Militar y Asuntos de Veteranos, y Extensiones incluye un texto explícito en la Sección 118 que autoriza el reembolso a los estados que utilizaron sus propios fondos para cubrir programas que habrían sido pagados por el gobierno federal durante el cierre. La directiva es inequívoca: el USDA y la OMB están obligados a reembolsar a los estados la totalidad de los fondos.
Por lo tanto, esperamos que el USDA y la OMB actúen con rapidez para restablecer los fondos de Nuevo México y ejecutar el reembolso sin demora. El gobierno federal tiene el deber de resarcir a Nuevo México, e insistimos en que se asuma su responsabilidad de inmediato.
Estamos listos para ayudar a garantizar que esta directiva se cumpla y esperamos recibir una confirmación oportuna de que el reembolso de Nuevo México se está procesando.
