La Opinión
En respuesta a la adopción de una ordenanza de “santuario” impulsada por John Whitmire, alcalde de Houston y por varios concejales de la ciudad con el objetivo de limitar la cooperación entre las autoridades de la ciudad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Ken Paxton, fiscal general de Texas, presentó una demanda en su contra; en tanto que a manera de presión Greg Abbott, gobernador de Texas, amagó con congelar decenas de millones de dólares que les otorga como parte de su presupuesto anual.
Desde la semana pasada, mediante una votación de 12 sufragios a favor y cinco en contra, se aprobó la ordenanza con la cual la policía de Houston ya no está obligada a que sus agentes esperen, al menos 30 minutos, el arribo del personal de ICE en caso de detectar a un sospechoso de orden de detención por motivos de inmigración.
En respuesta, el fiscal Paxton emitió un comunicado donde indica que esa acción implica una violación al Proyecto de Ley 4 del Senado, el cual fue aprobado en 2017 con el propósito de impedirles a los gobiernos locales adoptar, aplicar o respaldar políticas que prohíban o limiten la aplicación de las leyes federales de inmigración.
“No permitiré que ningún funcionario local promueva políticas de santuario que hagan a nuestras comunidades menos seguras.
Bajo mi mandato, ninguna ciudad de Texas será un refugio seguro para inmigrantes.
La Legislatura de Texas aprobó una legislación contundente que prohíbe específicamente este tipo de ordenanza ilegal.
