La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) está haciendo valer su autoridad federal para confiscar envíos de cannabis –incluyendo suministros comerciales autorizados por Nuevo México, donde es legal– mientras los proveedores de cannabis con licencia presentan quejas de que más de 300 mil dólares en mariguana han sido confiscados en los últimos meses en puntos de control en carreteras del Sur del estado.
Entre el 14 de febrero y el 18 de abril, los agentes interceptaron productos de mariguana regulados por el Estado en las estaciones de Alamogordo y Las Cruces operadas por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, agencia que depende a su vez de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según muestran documentos estatales.
La gobernadora demócrata de Nuevo México dice que las interrupciones provocaron una discusión esta semana con el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cuyos cargos de destitución fueron desestimados esta semana.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham dice que expresó preocupación de que el escrutinio a las compañías de cannabis parece ser mayor en Nuevo México que en los estados con mercados regulados que no están a lo largo de la frontera con México.
Las ventas de cannabis autorizadas en Nuevo México han superado los $1 mil millones desde que comenzaron la regulación y los impuestos al mercado recreativo hace dos años. Sin embargo, los conductores de transporte de cannabis dicen que han sido detenidos durante horas mientras se confiscan suministros en puntos de control (retenes) permanentes de la Patrulla Fronteriza que filtran el tráfico entrante en busca de migrantes no autorizados y narcóticos ilegales, ubicados típicamente a unos 60 millas (100 kilómetros) de la frontera de Estados Unidos.
“El secretario Mayorkas aseguró a la gobernadora que las políticas federales con respecto al cannabis legalizado no han cambiado”, dijo el portavoz de Lujan Grisham, Michael Coleman, en un correo electrónico. “Sin embargo, la gobernadora y su administración están trabajando en una estrategia para proteger la industria del cannabis de Nuevo México”.
La semana pasada, los gerentes de 10 negocios de cannabis, incluidos los transportistas, pidieron a la delegación del Congreso de Nuevo México que gestionara el paso libre de envíos, señalando que están en juego empleos e inversiones, y que varios mensajeros han sido detenidos para una “inspección secundaria” y se les han tomado las huellas dactilares en los puntos de control de la Patrulla Fronteriza.
“Solicitamos que los operadores a quienes se les ha confiscado el producto federalmente deberían poder recuperar su producto o ser compensados monetariamente por las pérdidas que han sufrido”, dice la carta.
El senador Martin Heinrich dijo que el Departamento de Seguridad Nacional debería centrarse en prioridades urgentes que no incluyan a los proveedores de cannabis que cumplen con la ley estatal.
“Detener el flujo de fentanilo ilícito a nuestro país debería ser el enfoque del Departamento de Seguridad Nacional en estos puntos de control, no la incautación de cannabis que se está transportando de conformidad con la ley estatal”, dijo el senador en un comunicado, refiriéndose a la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. “Los habitantes de Nuevo México dependen de las fuerzas del orden federal para hacer todo lo posible para mantener seguras nuestras comunidades. Nuestros recursos deberían usarse para maximizar la seguridad de los residentes, no distraerla”.
