El 6 de marzo de 2026, la Diócesis Católica Romana de El Paso (la “Diócesis”) solicitó reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. Dado que las parroquias (y sus escuelas), las escuelas católicas independientes y otras entidades católicas afiliadas en la Diócesis son entidades separadas de la Diócesis según la ley de Texas, no forman parte de esta solicitud.
Actualmente, la Diócesis enfrenta 18 demandas en 12 juicios separados en Nuevo México relacionados con acusaciones de abuso sexual de menores por parte del clero, ocurridos entre 1956 y 1982. La Diócesis no cuenta con los recursos financieros para defender adecuadamente estas demandas ni ante posibles veredictos. Actualmente, todas las denuncias se refieren a casos históricos ocurridos entre 1956 y 1982. La Diócesis no tiene conocimiento de ningún incidente reportado de abuso sexual de menores por parte del clero desde 1998.
Un caso presentado bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos se conoce frecuentemente como quiebra de “reorganización”. Por lo general, el deudor conserva la posesión, tiene las facultades y obligaciones de un fideicomisario, puede continuar operando su negocio y, con la aprobación del tribunal, puede solicitar nuevos préstamos. Se propone un plan de reorganización, los acreedores cuyos derechos se ven afectados pueden votar sobre el plan, y este puede ser confirmado por el tribunal si obtiene los votos necesarios y cumple con ciertos requisitos legales.
La Diócesis tomó esta medida para lograr dos objetivos:
· En primer lugar, la Diócesis busca brindar una compensación a las víctimas y sobrevivientes con una reclamación válida de la manera más justa y equitativa posible. En segundo lugar, durante la reorganización, la Diócesis pretende continuar con sus ministerios esenciales para satisfacer las necesidades de las parroquias, los feligreses y otras personas que dependen de la Iglesia para recibir asistencia.
“Como su obispo, pido disculpas a las víctimas de abuso por el daño, el dolor y el sufrimiento que experimentaron y continúan experimentando en sus vidas”, declaró el Reverendísimo Mark J. Seitz, obispo de El Paso. “Es mi oración que a través de este proceso podamos reconciliarnos y caminar juntos hacia la presencia amorosa de Jesucristo entre nosotros”, añadió.
En una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11, el tribunal de bancarrota supervisa el proceso mediante el cual se distribuyen los fondos disponibles a los demandantes y acreedores. Las víctimas de abuso suelen estar representadas en este proceso por abogados que han presentado las reclamaciones en su nombre. El tribunal también establecerá un “comité de acreedores”, que incluirá a las víctimas de abuso, y que tomará decisiones durante el proceso. Al declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11, todas las demandas presentes y futuras presentadas durante la misma se suspenden automáticamente de conformidad con el código de bancarrota de los Estados Unidos y se canalizan a través del proceso establecido en el plan de reorganización. Esto significa que la Diócesis y los demandantes no recurrirán a los tribunales civiles, sino que se someterán al proceso de bancarrota establecido en los documentos de reorganización.
Como parte del plan de reorganización previsto, que debe ser aprobado por un juez, la diócesis propondrá un plazo de 120 días para presentar cualquier reclamación pendiente relacionada con abusos cometidos por clérigos, empleados o voluntarios de la Diócesis. La diócesis considera que esto animará a cualquier demandante, incluyendo a los demandantes de abuso sexual, que aún no se hayan identificado a presentarse para que puedan acceder a los recursos que se pondrán a disposición durante el proceso de reorganización. “La Diócesis de El Paso se compromete a mantener un entorno seguro donde cada persona esté protegida como un miembro valioso de nuestras comunidades católicas”, declaró el obispo Seitz. “También mantendremos abiertas las vías de comunicación con las víctimas de abuso como parte del ministerio continuo de la Iglesia y nos mantendremos vigilantes para cumplir con las políticas y prácticas implementadas para proteger a los niños”, añadió.
