EL PASO, TEXAS — Durante la reunión regular del Tribunal de Comisionados del lunes, funcionarios del Condado de El Paso presentaron un resumen legal público del centro de detención migratoria federal propuesto en la región y analizaron el papel continuo del Condado en la supervisión del proyecto.
La presentación estuvo a cargo de la fiscal del Condado, Christina Sanchez, quien brindó una actualización transparente a la comunidad sobre los avances del centro, incluyendo el marco legal del Condado en relación con el centro de detención propuesto en Eastside.
Los funcionarios del Condado tuvieron conocimiento de un posible centro de detención el 20 de enero de 2026, después de que los medios de comunicación comenzaran a difundir información sobre el proyecto del gobierno federal. Desde entonces, el Tribunal de Comisionados ha recibido varios informes sobre la autoridad legal del Condado y su posible respuesta.
Esta presentación se produce después de que el Tribunal de Comisionados emitiera una directiva el 26 de enero de 2026, requiriendo que la Fiscalía del Condado brindara una sesión informativa pública en un plazo de 30 días en respuesta a la significativa preocupación pública sobre el proyecto propuesto.
Los registros públicos revisados por el Condado indican que la propiedad en el Centro Logístico Eastwind, cerca de Socorro, se vendió al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) el 27 de enero de 2026 por 122.8 millones de dólares.
Los funcionarios del Condado también señalaron que no han identificado evidencia de que el gobierno federal haya iniciado la revisión ambiental requerida por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) para el proyecto propuesto. Además, no está claro si el DHS ha emitido una convocatoria formal para que los contratistas desarrollen u operen las instalaciones.
En respuesta a las preocupaciones de la comunidad, el Condado de El Paso ha tomado varias medidas, entre ellas:
• Enviar cartas a la delegación del Congreso de la región solicitando transparencia y supervisión en relación con los centros de detención. • Enviar cartas a la delegación estatal solicitando oposición a este centro de detención.
• Solicitar a los funcionarios federales que garanticen el cumplimiento de todos los requisitos de revisión ambiental antes de proceder con cualquier proyecto.
• Presentar solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA) al DHS, ICE y CBP para obtener registros relacionados con la planificación, construcción u operación de cualquier centro de detención propuesto en el condado de El Paso.
Los funcionarios del condado también se han reunido con las partes interesadas, como la ciudad de Socorro, el Distrito de Aguas del Valle Inferior, el Distrito de Servicios de Emergencia n.° 2, miembros de la delegación legislativa estatal y federal, y residentes que han expresado su preocupación por el centro propuesto.
Si bien los centros de detención de inmigrantes son operados por agencias federales, el condado de El Paso declaró que continuará monitoreando los avances y promoviendo la transparencia, la supervisión y la participación comunitaria a medida que haya más información disponible.
