El Condado de El Paso se encuentra ante un giro inesperado en su estrategia de seguridad comunitaria, luego de que el estado de Texas aprobara una ley que pone fin a los programas locales de recompra de armas. La decisión, impulsada desde Austin, ha generado una mezcla de frustración y firmeza entre líderes locales que, durante años, promovieron esta iniciativa como una herramienta efectiva para prevenir accidentes y reducir el riesgo de violencia.
La Ley HB 3053, firmada por el gobernador Greg Abbott, prohíbe a condados y ciudades utilizar fondos públicos para realizar estos eventos. En El Paso, esta restricción se recibe como un duro golpe a una política que contaba con amplio respaldo ciudadano.
Un modelo de seguridad reconocido a nivel local
El programa de recompra de armas permitió a los residentes entregar voluntariamente sus armas de fuego, sin preguntas ni represalias, a cambio de tarjetas de regalo. Para el comisionado Carlos León, uno de sus principales promotores, la meta era clara: sacar armas innecesarias de los hogares antes de que se convirtieran en una amenaza.
“Este era un programa que hablaba de responsabilidad ciudadana. Gente que no quería armas en casa, que las tenía por herencia o por descuido, podía entregarlas sin miedo. Eso ya es una forma de prevención”, aseguró León.
A través de este modelo, cientos de armas fueron recolectadas y destruidas, en acciones que contaron con la colaboración directa del Departamento del Sheriff y organizaciones comunitarias.
Transición de liderazgo, misma visión
Con la llegada de la representante estatal Cassandra Buttle, la visión no ha cambiado. Buttle, quien ha expresado abiertamente su rechazo a la nueva ley, considera que la medida estatal limita la autonomía de los gobiernos locales y corta de raíz soluciones prácticas que responden a contextos específicos.
“El Paso tiene características únicas. Vivimos en una zona fronteriza, diversa y con necesidades distintas a otras regiones del estado. Esta ley desconoce eso por completo”, dijo Buttle, quien ya evalúa mecanismos alternos para continuar con este tipo de estrategias sin violar la nueva normativa.
Preocupación en el ámbito de seguridad pública
El sheriff del Condado, Oscar Ugarte, también lamentó la entrada en vigor de la ley, prevista para el 1 de septiembre. “Estamos perdiendo una herramienta útil. No es la solución total a la violencia armada, pero sí una parte del esfuerzo”, señaló.
Ugarte explicó que muchos de los casos atendidos a través del programa involucraban armas en hogares con niños o personas en crisis. “Evitar un accidente, un suicidio o una tragedia doméstica ya es un resultado importante”, enfatizó.
Reacciones divididas y debate político
Mientras que líderes demócratas locales consideran la ley una intromisión innecesaria del gobierno estatal, representantes del Partido Republicano en El Paso han respaldado la medida. Chael Aboud, presidente del comité local republicano, aseguró que los programas “no han demostrado reducir los índices de violencia con armas” y criticó que se usaran recursos públicos para ellos.
“Si quieren combatir el crimen, que vayan tras los delincuentes violentos, no tras las armas de ciudadanos respetuosos de la ley”, declaró Aboud.
Una comunidad que respondió con responsabilidad
Más allá del debate político, muchos ciudadanos ven en estos programas un canal útil para proteger sus hogares. Silvia Rentería, madre de tres niños, participó en uno de los eventos más recientes.
“Encontramos un arma antigua en casa de mi suegro. No queríamos tenerla cerca. Gracias a este programa pudimos entregarla sin complicaciones. Fue un alivio”, relató.
Historias como la suya reflejan el enfoque preventivo del programa, que apuntaba más a la seguridad doméstica que al combate directo contra la delincuencia.
Último intento antes de que cambie la ley
Las autoridades del condado planean realizar un evento final de recompra antes del 1 de septiembre. La jornada, según anunciaron, será abierta a todos los residentes y servirá como cierre simbólico de una etapa.
“Será la última bajo este formato, pero no el fin de nuestro compromiso con la seguridad”, afirmó la representante Buttle.
En medio de un entorno político polarizado, El Paso se prepara para despedir un modelo local que, sin grandes anuncios, logró resultados concretos en prevención. Y aunque las armas dejarán de entregarse en eventos organizados por el gobierno local, la conversación sobre cómo proteger mejor a las comunidades apenas comienza.
“Este era un esfuerzo de sentido común”, concluyó el comisionado León. “Y ese sentido común no se puede legislar en contra.”
