El Concejo Municipal de El Paso autorizó una serie de medidas para intervenir y dar seguimiento a múltiples solicitudes presentadas por El Paso Electric (EPE), con el objetivo de fortalecer la supervisión municipal en decisiones que podrían influir directamente en los costos de electricidad, la infraestructura energética y la protección de los usuarios.
De acuerdo con autoridades locales, estas acciones permitieron a la ciudad mantenerse activa dentro de los procesos regulatorios, analizar a fondo las propuestas y evaluar sus posibles impactos antes de que se tomen decisiones definitivas.
Uno de los puntos centrales fue la propuesta de EPE para implementar una tarifa denominada “Factor de Carga Alto”, dirigida a grandes consumidores de energía, como centros de datos. Ante ello, el Concejo autorizó a la ciudad a suspender temporalmente la entrada en vigor de dicha tarifa, con el fin de someterla a una revisión más detallada.
Funcionarios señalaron que esta medida buscó evitar posibles efectos adversos para los clientes residenciales y pequeños negocios, al analizar cómo se distribuirían los costos y si existirían mecanismos adecuados para impedir que estos se transfieran a los usuarios comunes.
Asimismo, el Concejo aprobó la intervención de la ciudad en la propuesta de EPE para desarrollar un proyecto de almacenamiento de energía en baterías con capacidad de 150 megavatios en el área de Fabens. La revisión municipal se enfocará en determinar si el proyecto responde a una necesidad pública real, cómo se financiaría y cuál sería su impacto a largo plazo en las tarifas eléctricas.
La evaluación también incluirá aspectos ambientales, de confiabilidad del sistema y posibles alternativas que pudieran resultar más beneficiosas para la comunidad.
En un tercer frente, la ciudad participará en la revisión de la solicitud de EPE para extender hasta 2029 tres programas piloto relacionados con vehículos eléctricos. El análisis buscará establecer si estos programas han generado beneficios suficientes para justificar su continuidad, además de garantizar que los costos asociados no afecten de manera desproporcionada a los usuarios que no participan en ellos.
Autoridades municipales destacaron que, en conjunto, estas decisiones fortalecieron la capacidad del gobierno local para vigilar las acciones de la empresa eléctrica, formular cuestionamientos clave y defender condiciones más equitativas para la población.
La ciudad informó que continuará monitoreando estos procesos regulatorios y que proporcionará actualizaciones conforme avancen las evaluaciones, en un contexto donde las decisiones energéticas adquieren cada vez mayor relevancia para el desarrollo económico y la calidad de vida en la región.
